El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ha anunciado que «las Zonas de Bajas Emisiones tienen los días contados también en España» tras el anuncio de eliminación de todas estas áreas en Francia. La decisión del país vecino, respaldada por la Asamblea Nacional, ha sido interpretada por el club como un precedente contundente que podría acelerar el desmantelamiento de estas restricciones en ciudades españolas. Según el RACVN, el argumento francés —que dichas zonas perjudican a los hogares más vulnerables económicamente— es el mismo que están utilizando para impugnar proyectos similares en lugares como Bilbao o San Sebastián.
El presidente del club, Pedro Martínez de Artola, considera que tanto esta resolución francesa como los recientes fallos judiciales en contra de las ZBE en urbes como Madrid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife y Badajoz confirman que el futuro de estas zonas está en entredicho. Según sus palabras, el camino hacia su retirada definitiva puede llegar por «revisión política o sentencia judicial», pero en cualquier caso, ya se vislumbra el principio del fin.
Mientras tanto, la situación es tensa para los más de 100 ayuntamientos españoles que, por obligación legal, deben poner en marcha sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones antes del verano. Este compromiso deriva de la Ley de Cambio Climático aprobada en 2023, que impone la implantación de estas áreas como requisito para acceder a nuevas subvenciones estatales dirigidas al transporte urbano. No cumplir con esta normativa podría dejar fuera a muchos municipios de importantes partidas presupuestarias.
Según los datos más recientes del Ministerio para la Transición Ecológica, a día de hoy solo 54 ciudades han logrado activar sus ZBE. Otras 95 se encuentran todavía inmersas en el proceso de aprobación, y 20 ni siquiera han iniciado los trámites, lo que las expone a sanciones adicionales. La vicepresidenta y titular del Ministerio, Sara Aagesen, ha criticado públicamente a ciertos consistorios que, según ella, se resisten activamente a aplicar estas políticas pese a las evidencias sobre su impacto positivo en la salud pública.
Sin embargo, desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también se ha advertido que la simple implantación de estas zonas no es suficiente. La entidad, aunque partidaria de las ZBE como herramienta de transformación urbana, ha subrayado la necesidad de acompañarlas con mejoras reales en el transporte colectivo, infraestructuras para la movilidad sostenible y una planificación coherente. De lo contrario —aseguran— podrían convertirse en una carga para la ciudadanía, más que en una solución medioambiental.
El RACVN, por su parte, insiste en que muchas de estas restricciones carecen de equilibrio y atentan contra el derecho fundamental a la libre circulación. En sus alegaciones, el club sostiene que las ZBE afectan especialmente a quienes no pueden permitirse vehículos nuevos o ecológicos, convirtiéndose en una medida «elitista» más que en una herramienta eficaz contra la polución. También afirman que la Unión Europea no obliga específicamente a implantar Zonas de Bajas Emisiones, sino que deja en manos de cada Estado la elección de cómo reducir sus niveles contaminantes.
