El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha decidido que su defensa en el caso conocido como Begoña Gómez esté a cargo del abogado particular Manuel Ollé, y ha financiado su contratación a través de la propia universidad, según ha desvelado The Objective. A pesar de contar con un equipo de servicios jurídicos propio, la UCM asumió el gasto del abogado mediante un contrato menor, argumentando que su departamento jurídico enfrenta una carga de trabajo superior a la habitual.
El pasado 22 de julio, el juez Juan Carlos Peinado imputó a Goyache en el marco de este caso tras haberlo citado a declarar como testigo y que este admitiera una reunión en el Palacio de La Moncloa con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar sobre la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). El juez, tras esa primera declaración, lo citó de nuevo, esta vez en calidad de investigado, el día 29 de julio.
El rector contrató a Ollé para que asumiera su defensa mediante un contrato menor de la universidad, firmado el 27 de julio, dos días antes de su comparecencia. Este contrato, que incluye el pago de 13.915 euros (con IVA), fue justificado por la UCM debido a la sobrecarga de trabajo en su Asesoría Jurídica, que argumenta que, en comparación con otros años, la carga laboral ha aumentado en un 28%. La universidad indicó que su equipo jurídico carecía de los recursos humanos y materiales necesarios para atender este asunto en los plazos requeridos.
Además, la UCM señaló que, debido a la importancia de la confianza en la relación entre abogado y cliente, decidió contratar a Ollé sin recurrir a una licitación pública, como permite el procedimiento de adjudicación directa para servicios cuyo coste esté entre los 5.000 y 15.000 euros. El contrato, sin embargo, tendrá una duración máxima de un año y no será prorrogable.
Mientras tanto, la Universidad Complutense ha cerrado la Cátedra de Transformación Social Competitiva y solicitado a Begoña Gómez que devuelva el software desarrollado con fondos públicos. La solicitud de entrega del software fue registrada en el acta de la Comisión Mixta de Seguimiento, celebrada esta semana. Gómez no acudió a la reunión, alegando problemas de agenda debido a su viaje con Pedro Sánchez a la India.
Por otro lado, el magistrado amplió la investigación contra Gómez para incluir los delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida, a raíz de una querella de una acusación popular y revelaciones periodísticas sobre el software en cuestión. La esposa del presidente ha sido citada nuevamente a declarar el próximo 18 de noviembre en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde se darán más detalles de la causa en su contra.
