Las negociaciones de políticas públicas como la energía, la educación, la fiscalidad o la inmigración han pasado a formar parte del pasado, y con ellas, el bienestar de los españoles. El Gobierno de coalición socialcomunista ha roto con lo poco bueno que el bipartidismo trajo a España al comienzo del periodo democrático. Ahora que las concesiones a fuerzas minoritarias, incluso separatistas y republicanas, se priorizan sobre el consenso entre las principales formaciones del Parlamento; ahora que la clase política se ha desconectado de la voluntad mayoritaria del pueblo, ¿puede ser el momento de utilizar una herramienta de democracia directa prevista en la Carta Magna de 1978?
Recién salidos de un parón económico tras la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió en la primavera de 2021 aprobar una Ley de cambio climático que condenó a los ciudadanos a la pobreza energética. Una circunstancia acallada entonces y, todavía ahora, por los grandes medios de comunicación. El silencio de los voceros del Gobierno, convalecientes en una profunda crisis publicitaria, fue comprado con millones y millones de dinero público. Así, bajo el pretexto de cumplir con la descarbonización prevista para 2050 tanto por Naciones Unidas como por la Comisión Europea en sus respectivos pactos verdes jamás votados por los españoles, el Gobierno español prohibió la exploración, investigación y explotación de los recursos energéticos propios.
Además, lejos de circunscribir la dictadura verde a las Administraciones Públicas y al transporte público, el texto legal dictó un modelo de movilidad verde para los españoles. Sólo por poner un ejemplo: la norma estableció la obligación de crear «planes de movilidad urbana sostenible» para municipios de más de 50.000 habitantes —todas las grandes ciudades que conforman el motor económico de España— así como para los territorios insulares —estos, históricamente con mayores dificultades para progresar dada su complicada orografía. Toda una suerte de obligaciones con un corto e imposible periodo de adaptación: 2023.
La progresiva pérdida de la soberanía energética, la situación postpandemia, el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental para la complacencia de Marruecos en detrimento de las relaciones con Argelia o la participación indirecta en una guerra jamás votada en la sede de la soberanía nacional han encarecido los combustibles utilizados por los ciudadanos para calentarse. Por ello, se puede afirmar que, a fecha presente, la voladura verde instaurada en el corazón de las políticas gubernamentales ha afectado de forma directa a los españoles. Las disparadas facturas en gas y electricidad se han trasladado incluso a los precios de los alimentos. Un destope de precios agravado por los famosos impuestos verdes que recayeron sobre empresas y particulares.
En consecuencia, y de igual forma que ya se preguntó hace unos años a la ciudadanía si España debía permanecer en la OTAN, ¿por qué no utilizar el mecanismo previsto en el artículo 92 de la Constitución española para que sean los españoles quienes decidan el modelo energético que desean para su Nación?
Dado que los constituyentes optaron por eliminar del anteproyecto del texto constitucional el referéndum abrogativo —para derogar leyes vigentes— y el legislativo de ratificación —para leyes aprobadas por las Cámaras pero no sancionadas todavía por el jefe del Estado—, el sistema casi exclusivo de democracia representativa que representa el referéndum consultivo es una opción tan válida como legal. A través de este referéndum potestativo, convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno y con previa autorización del Congreso de los diputados, se podría preguntar a los ciudadanos si prefieren la dependencia o la soberanía energética.
De hecho, dado que su Ley orgánica reguladora de 1980 dicta que puede celebrar hasta 90 días antes o después de elecciones parlamentarias o locales generales, esto es, municipales; el Ejecutivo podría plantear esta cuestión hasta finales del próximo febrero de 2023. Esta simple pregunta significaría un gran alivio a la hora de pagar la luz, los carburantes y hasta el precio de los alimentos. Una iniciativa de especial relevancia dada la cercanía de la época invernal. ¿Se erige el referéndum consultivo como la única alternativa a la debacle energética en España?
