La Companies House, el equivalente británico del registro mercantil, ha colocado la etiqueta de «empresa a liquidar» a Limburg Technologies, la compañía de capital chino que concentra una parte decisiva del mercado de balizas V16 en España, según detalla The Objective. De las cerca de 300 licencias concedidas para su comercialización, esta sociedad se ha hecho con alrededor de un centenar de certificaciones otorgadas por la Dirección General de Tráfico. Un reparto que le ha permitido alcanzar ventas millonarias.

La eventual liquidación definitiva abre un escenario inédito. Millones de dispositivos podrían quedar sin un responsable legal claro. Bajo el paraguas de Limburg figuran marcas como Sos Auto Conect, Blue Castle u ORflect, además de decenas más, hasta completar cerca de cien modelos vendidos en el mercado español. Una situación que ha encendido las alarmas entre los fabricantes nacionales, que apenas representan el 30% del negocio, pese a que España es el único país que ha hecho obligatorias estas balizas.

La DGT ha recibido en los últimos años, y con mayor intensidad en los meses previos a la entrada en vigor de la norma, decenas de quejas y denuncias de empresas españolas. En esos escritos advertían de las consecuencias de permitir que compañías extranjeras, muchas de ellas de capital chino, acaparasen licencias sin acreditar solvencia suficiente. Las alertas no tuvieron respuesta.

El caso de Limburg resulta especialmente llamativo dentro del sector. La empresa carece de estructura societaria conocida. Su sede figura en una dirección de Brighton que comparte con otras 9.153 sociedades creadas por la misma consultora, Yunma Tianlong. Esta firma aparece señalada en investigaciones internacionales por presunto blanqueo de capitales y estafas millonarias, y su nombre figura en bases de datos británicas vinculado a exportaciones ilegales hacia Corea del Norte.

Según la ficha registral, el Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido propuso el pasado mes de septiembre la liquidación oficial de Limburg. Concedió una moratoria para presentar recurso, que fue tramitado por una asesoría en nombre de la empresa. Una vez resuelto ese trámite, la decisión podría quedar firme.

La notificación del registrador mercantil resulta explícita. Salvo causa en contrario, la sociedad será cancelada y disuelta en un plazo mínimo de dos meses. Tras la disolución, todos los bienes y derechos pasarán a considerarse bona vacantia y pertenecerán a la Corona británica.

Entre esos bienes figuran los derechos asociados a los cerca de 100 modelos de balizas certificados para el mercado español. En caso de desaparición del titular, la DGT sostiene que sería Tráfico quien cubriría el vacío y asumiría la infraestructura técnica. El problema es la magnitud. Interior no ha diseñado un protocolo específico para tomar el control de un volumen tan elevado de dispositivos.

Los fabricantes españoles ya advirtieron de este riesgo. En comunicaciones dirigidas a la DGT recordaron que, conforme al Escrito Directriz MOV 2024/06, aprobado en 2024, la responsabilidad legal recae en la empresa que solicita la certificación. Ni el fabricante ni el vendedor asumen ese papel. El responsable es quien obtiene el permiso de comercialización. En este caso, Limburg.

La desaparición del titular de las licencias tendría otra consecuencia inmediata. La empresa no podría cumplir con el plan obligatorio de auditorías que la DGT realizará de forma anual durante los próximos 13 años. Los controles alternarán revisiones documentales y visitas presenciales a las instalaciones del solicitante para evaluar el sistema de calidad y la correspondencia de los productos con los certificados V16. Sin empresa, no hay auditoría posible.