El Rey presidirá a las 12.00 horas de este miércoles, en el Auditori Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, el acto de entrega de despachos a los 160 integrantes de la 72ª promoción de la carrera judicial, de la que forman parte 119 mujeres y 41 hombres.
Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al acto asistirán el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte; el presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, entre otras autoridades.
Será la primera vez que Guilarte acuda a este acto como jefe del CGPJ, ya que llegó al cargo el pasado julio tras la jubilación forzosa de Rafael Mozo, que a su vez sustituyó a Carlos Lesmes tras su dimisión en octubre de 2022 por el bloqueo en la renovación del Consejo.
Durante su discurso del año pasado en este mismo acto, Felipe VI se refirió a la independencia judicial como un «baluarte» que debe respetarse «tanto a nivel institucional como individual», al tiempo que recordó que el Estado de Derecho reclama a los jueces «una defensa de la Constitución y de la ley».
Esta vez, la entrega de despachos a los nuevos jueces se celebrará con la futura ley de amnistía como telón de fondo. La semana pasada reanudó su tramitación parlamentaria después de que Junts dejara caer el texto pactado para empujar al PSOE a introducir nuevos cambios que garanticen el perdón a todos los delitos de terrorismo y de alta traición.
A ello se suma la polémica desatada por los ataques del Gobierno a jueces y magistrados, incluso desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Los mismos han llevado a que el CGPJ se pronuncie en varias ocasiones en apoyo a los togados. La última fue el pasado 5 de febrero a través de su Pleno con un pronunciamiento unánime, donde instó a asegurar que las intervenciones parlamentarias no incurren en «descalificaciones» que minen la confianza ciudadana en la Justicia.
