El secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi de la Fuente, ha lanzado un contundente mensaje contra la normalización del empleo de inmigrantes ilegales en España, denunciando que esta práctica no sólo precariza el mercado laboral, sino que constituye una forma de explotación masiva consentida por el bipartidismo.
«Los inmigrantes ilegales no pueden ni deben trabajar en España. No es una cuestión de racismo, sino de dignidad laboral», afirmó De la Fuente, quien denunció que estas personas, al no estar regularizadas, «son esclavizadas» por empresarios sin escrúpulos y utilizadas para rebajar los salarios del resto de trabajadores, incluyendo los inmigrantes que sí han accedido de forma legal al país.
Desde el sindicato acusan a la inmigración masiva e ilegal de destruir conquistas laborales históricas: «Está precarizando el empleo y hundiendo los sueldos. Y mientras tanto, los sindicatos de siempre callan, porque están más ocupados defendiendo sus liberados, sus chiringuitos y sus subvenciones».
En su declaración, De la Fuente aportó un dato que calificó como silenciado por los medios convencionales: «Sólo el 30% de los inmigrantes están afiliados a la Seguridad Social», lo que —denunció— supone una competencia desleal hacia quienes sí cotizan, pagan hipotecas y cumplen con las cargas fiscales del país.
Para el líder sindical, la complicidad del Ministerio de Trabajo y del bipartidismo es evidente: «PSOE y PP abrieron las puertas del país al descontrol migratorio. Hoy sufrimos las consecuencias de una política entreguista, que permite que los empresarios exploten a ilegales y rebajen el salario de todos».
El mensaje de Solidaridad también rompe con el relato progresista que estigmatiza al trabajador español: «Nos dicen que los españoles no queremos trabajar. Falso. Queremos trabajar, pero con sueldos dignos. Lo que no aceptamos es la miseria mientras otros viven de ayudas y subsidios sin aportar nada al sistema».
La intervención en sus redes sociales concluyó con una consigna directa: «Trabajo legal, ordenado y con prioridad nacional. Y deportación al ilegal», sellando la posición firme del sindicato frente al fenómeno que consideran la mayor amenaza para el trabajador español: la inmigración ilegal como arma económica de precarización masiva.
