El Pleno del Senado vota esta semana la incorporación de enmiendas parciales al proyecto presupuestario de 2018 y su aprobación, un último trámite antes de su vuelta al Congreso de los Diputados, donde se aceptarán o rechazarán los cambios.
Las cuentas avanzan así en su tramitación en unas circunstancias insólitas, ya que el grupo parlamentario que sostenía el Gobierno que elaboró y negoció el Presupuesto, el PP, está ahora en la oposición, y uno de los grupos que vetó las cuentas en el Congreso, el PSOE, está en el Ejecutivo y ha asumido los Presupuestos como propios.
Como consecuencia de ello, el PSOE no ha presentado ninguna enmienda a las cuentas en el Senado, mientras que el PP -que mientras estaba en el Gobierno preveía finalizar el trámite en la Cámara Alta sin modificar el texto para evitar su vuelta al Congreso- ha registrado una veintena de cambios.
Ya en el trámite de Comisión, el PP, con su mayoría absoluta, ha incorporado 17 de sus enmiendas y 27 del Partido Aragonés (PAR), con el que forma grupo en el Senado.
Previsiblemente, el Pleno que empieza el lunes a las 12.00 horas confirmará la inclusión de estas 44 enmiendas y rechazará las más de 5.000 presentadas por el resto de grupos, que continúan vivas y que volverán a debatirse.
Después, el texto resultante volverá al Congreso de los Diputados en la última semana de junio, donde las enmiendas incorporadas en el Senado se votarán en bloque, es decir, que o se aceptan todas o no se acepta ninguna.
En cualquier caso, los Presupuestos quedarán definitivamente aprobados con esa votación, ya sea con todos los cambios incluidos en la Cámara Alta o con el texto que salió del Congreso sin ninguna modificación.
Las enmiendas incorporadas hasta ahora en el Senado suponen cambios por algo más de 179 millones de euros, la mayoría -más de 144 millones- destinadas a Aragón a propuesta del PAR, sobre todo para infraestructuras.
También se han adoptado una serie de enmiendas del PP para conceder impulsos fiscales o indemnizar a los afectados por la talidomida, junto con iniciativas para zonas despobladas y Canarias que merman en 35 millones dotaciones que hasta ahora iban al País Vasco, algunas de ellas pactadas con el PNV en el Congreso.
