La portavoz de JUPOL, Laura García, ha desvelado que el Delegado del Gobierno en Ceuta dio «órdenes explícitas» a los policías que estaban en la frontera de no actuar en los primeros momentos de la entrada masiva de inmigrantes ilegales. La denuncia, formulada en una entrevista en Vozpópuli, coloca de nuevo en el centro de la crisis a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior.

García, agente de la Policía Nacional y voz del sindicato mayoritario del cuerpo, señala de forma directa a Miguel Ángel Pérez Triano. Según su relato, esa instrucción dejó «vendidos» a los agentes desplegados en el perímetro fronterizo y fue «muy grave», porque impidió una respuesta policial cuando miles de personas cruzaban hacia la ciudad autónoma.

La portavoz no limita la responsabilidad al delegado. Asegura tener «el conocimiento total» de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «sabía lo que iba a suceder». En su versión, esa inacción no sólo expuso a la población ceutí: también puso en riesgo a los propios policías, que, afirma, «habrían muerto arrollados por 80.000 personas si no se hubiesen apartado».

JUPOL sostiene que la frontera del Tarajal estaba ya desbordada de antemano. García afirma que «seis agentes no son suficientes para proteger una frontera entre Europa y África» y que España «ha desistido», dejando la seguridad «en manos y en la voluntad de Marruecos». Esa lectura choca con el relato del Gobierno, que ha mantenido que no existió una alerta precisa capaz de anticipar la magnitud de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.

Las declaraciones coinciden con un momento de máxima tensión institucional. El jefe de gabinete del delegado dimitió tras un cruce de versiones sobre si la Delegación recibió avisos previos del CNI. Pérez Triano ha sostenido que no tuvo conocimiento de esas comunicaciones o que no se trataba de una alerta formal. Frente a esa tesis, JUPOL sostiene que en la frontera sí hubo una orden política de no intervenir.

La acusación sindical se suma a otras denuncias de García sobre el dispositivo posterior. La portavoz relata que Ceuta se ha reforzado «temporalmente» con algo más de 250 unidades, pero critica que los agentes desplazados duermen «en colchones mugrientos» mientras a los inmigrantes ilegales se les entregan «colchones a estrenar». «Se está tratando mejor a los inmigrantes ilegales que a nuestros agentes», resume.

El episodio reabre la pregunta que el sindicato lleva semanas planteando: si los agentes de la frontera no actuaron no fue por falta de voluntad operativa, sino porque recibieron instrucciones de no hacerlo. JUPOL exige responsabilidades políticas. El Delegado del Gobierno, el Ministerio del Interior y La Moncloa siguen sin asumir esa versión.