Cinco países europeos han dado un paso adelante para sacar del territorio comunitario a los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en él. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado un modelo común para crear centros de retorno en terceros países y pretenden cerrar antes de que termine el año los primeros acuerdos con Estados dispuestos a acogerlos.
Los responsables de Inmigración de estos cinco países, conocidos como el Grupo de los Cinco, alcanzaron el acuerdo durante una reunión celebrada en Copenhague. Su objetivo es comenzar a trasladar inmigrantes a estos centros, denominados return hubs, a finales de 2027.
«Queremos alcanzar este año un acuerdo con terceros países que permita establecer centros de retorno», aseguró el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, durante la comparecencia conjunta posterior al encuentro, según recoge Reuters.
Los cinco gobiernos no han revelado los países con los que negocian. Sí han reconocido que mantienen conversaciones principalmente con Estados africanos y que trabajan en los aspectos jurídicos, económicos y operativos del proyecto.
Inmigrantes con orden de expulsión
Los centros estarían destinados a extranjeros cuya solicitud de asilo haya sido rechazada o que se encuentren en territorio europeo sin autorización y estén sujetos a una decisión de retorno. En lugar de permanecer durante años dentro de la Unión Europea mientras se ejecuta la expulsión, serían trasladados a un país situado fuera del bloque.
Desde allí esperarían su retorno al país de origen o una solución alternativa en el Estado que albergue las instalaciones. No se trataría, por tanto, de centros dedicados a estudiar solicitudes de asilo pendientes, sino de instalaciones para personas que ya carecen de derecho a permanecer en Europa.
El ministro danés de Inmigración e Integración, Morten Bødskov, presentó el acuerdo como una «transformación fundamental» del sistema migratorio y de asilo europeo. Dinamarca aspira a estar preparada para efectuar los primeros traslados antes de que concluya 2027.
Bødskov aseguró que la estancia en estos centros podría ofrecer a los expulsados «una nueva oportunidad de tener una vida en un país socio«. Los gobiernos participantes también pretenden entablar conversaciones con la Organización Internacional para las Migraciones y con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
Esta última, sin embargo, señaló a Reuters que todavía no había recibido los detalles de la propuesta y que, por tanto, no podía pronunciarse sobre las condiciones concretas del proyecto.
Europa busca ejecutar las expulsiones
El acuerdo refleja el endurecimiento progresivo de la política migratoria europea y el fracaso de los Estados a la hora de ejecutar buena parte de sus propias órdenes de salida. Los gobiernos emiten cientos de miles de decisiones de retorno, pero solo una fracción termina con la salida efectiva del extranjero.
Según los últimos datos consolidados de Eurostat, durante el primer trimestre de 2026 los Estados miembros dictaron 108.475 órdenes de salida, mientras que solo 34.550 personas fueron devueltas a terceros países. Ambas cifras no pueden compararse como una tasa exacta —las expulsiones ejecutadas durante un trimestre pueden corresponder a órdenes anteriores—, pero muestran la amplia distancia existente entre las decisiones administrativas y los retornos efectivos.
La creación de centros fuera de la UE pretende impedir que los inmigrantes permanezcan en territorio comunitario durante los largos procedimientos de identificación, documentación o negociación con sus países de origen. También busca aumentar la presión sobre quienes se niegan a cumplir voluntariamente la orden de salida.
El proyecto se apoya en la nueva orientación comunitaria, que abre la puerta a que los Estados establezcan instalaciones de retorno fuera de la Unión. Los cinco países pretenden ahora convertir esa posibilidad jurídica en un mecanismo operativo.
Reunión en Múnich
El Grupo de los Cinco volverá a reunirse a finales de septiembre en Múnich, donde está previsto que avance en la selección de posibles países socios y en el diseño del primer centro.
Todavía quedan por conocer elementos esenciales: su ubicación, el coste que asumirán los gobiernos europeos, el número de plazas, el régimen de vigilancia y las garantías aplicables a los expulsados. Tampoco se ha concretado qué ocurrirá cuando el país de origen continúe negándose a readmitir a uno de sus ciudadanos.
El Consejo de Europa y varias organizaciones favorables a la inmigración ya han advertido de posibles vulneraciones de derechos. La secretaria general del Consejo Danés para los Refugiados, Charlotte Slente, sostuvo que estos centros afectarían a un número reducido de expulsiones y podrían vulnerar derechos fundamentales.
Los cinco gobiernos, en cambio, defienden que actuarán dentro de la legalidad internacional y que los centros permitirán recuperar la credibilidad de unas órdenes de salida que ahora, en numerosos casos, quedan sin ejecutar.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han decidido avanzar sin esperar a una solución uniforme de los Veintisiete. Si logran cerrar un acuerdo con un país receptor, Europa pasará por primera vez de debatir sobre la externalización de las expulsiones a enviar fuera de sus fronteras a inmigrantes sin derecho a permanecer en ellas.
