El sindicato Solidaridad ha denunciado las irregularidades detectadas en H. A S.L., actual prestadora del servicio de recogida de residuos y servicios de limpieza en varios municipios de las comarcas catalanas del Maresme y la Selva, entre los que se encuentran Tordera, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Vidreres, Maçanet de la Selva y Fogars de la Selva.
El responsable de la empresa en cuestión ha sido detenido por falsedad documental y explotación laboral. Inmigrantes ilegales estaban trabajando jornadas semanales que podrían alcanzar las 90 horas semanales, salarios fuera de lo legal por 850 euros al mes, contratos inexistentes o fraudulentos e incluso uso de documentación de terceros.
Para el sindicato Solidaridad, este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural: la proliferación de empresas que operan al margen de la legalidad, explotando mano de obra barata en servicios públicos esenciales. Jordi de la Fuente ha señalado que: «No podemos tolerar que administraciones públicas, las mismas del efecto llamada para la inmigración masiva, sigan sin tener ningún tipo de consecuencia por licitar con empresas con prácticas negreras y de explotación laboral. Es inexplicable que ninguno de los ayuntamientos afectados haya controlado y supervisado a la empresa en cuestión«, ha señalado.
Desde Solidaridad también destacan el perjuicio que suponen estas prácticas para el conjunto de los trabajadores, puesto que el hecho de que inmigrantes ilegales estén trabajando en condiciones pésimas y con salarios paupérrimos acaba reventando el mercado, abaratando la mano de obra y excluyendo del sector a trabajadores españoles que reclaman condiciones justas. «Los españoles no pueden sobrevivir cobrando una miseria», ha manifestado el secretario general, Jordi de la Fuente.
En paralelo, el grupo municipal VOX en el municipio de Tordera, uno de los pueblos afectados, ha registrado una moción en el ayuntamiento para condenar estos hechos y establecer mecanismos preventivos para evitar futuros casos similares. Dicha moción no ha sido apoyada por ninguno de los grupos municipales presentes en el consistorio (ni por parte del Gobierno, Junts, PSC y Més Tordera, ni por parte de la oposición, ERC y En Comú Podem).
«Todo esto podría haberse evitado si los ayuntamientos hubieran hecho bien su trabajo de fiscalizar y controlar a las empresas que licitan con contratos millonarios«, ha manifestado el portavoz de VOX, Eric Pérez. Tanto Solidaridad como VOX han advertido que no dejarán de presionar hasta que se esclarezca la situación y que «»perseguirán toda práctica fraudulenta relacionada con estos hechos».
