El sindicato Solidaridad ha recordado que el llamado «colchón familiar» —la red de apoyo entre generaciones que tradicionalmente salvaba a las familias españolas en tiempos difíciles— se rompió con la crisis de 2008, y desde entonces nunca se ha recuperado.
«Todos conocemos a personas o a núcleos familiares enteros que nunca salieron de aquella crisis. Luego vino la pandemia, la inflación y los precios disparados de vivienda, luz y alimentos. El salario mínimo sube, pero de forma artificial y cargándose empleo y precios a su paso, siendo la subida de sueldos insuficiente ante la subida de la cesta de la compra (un 35% más en tan solo tres años)«, ha denunciado el secretario general del sindicato, Jordi de la Fuente.
«Hoy son miles y miles los españoles que viven peor que sus padres, que han visto devaluado su nivel de vida estrepitosamente. Desde los sillones que subvencionan y reparten pobreza habrá quien los quiera ver a niveles de posguerra para que sigan dependiendo de ellos», manifiesta.
En este sentido, reitera que el umbral de pobreza en España se sitúa en 11.584 euros anuales por persona, lo que significa que una familia con dos adultos y dos hijos se considera pobre si sus ingresos totales son inferiores a 24.327 euros al año. Según estimaciones del INE, esto afecta a más de 1,5 millones de familias españolas que viven permanentemente al borde del límite económico —pese a tener uno o más miembros trabajando—.
«El Gobierno habla de crecimiento, pero no dice que ese crecimiento se construye sobre la espalda del trabajador español, que cobra poco, paga mucho y recibe cada vez menos. Mientras tanto, se multiplican las ayudas a colectivos que no producen ni aportan al país», denuncia el sindicato, que exige una política económica y laboral que «priorice a la clase trabajadora nacional» con una subida de salarios vinculada al coste de la vida; empleo estable y a jornada completa, no contratos temporales o parciales disfrazados; protección social dirigida a las familias trabajadoras españolas; y el fin del abuso del gasto social sin control ni contraprestación.
“El pueblo trabajador español no quiere caridad, quiere justicia. Queremos un modelo que premie el esfuerzo, no que condene a los nuestros a vivir peor que sus padres mientras otros se benefician del sistema», concluye.
