El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a suspender el proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez al apreciar dudas sobre su compatibilidad con el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. En una providencia fechada el 24 de junio, el Alto Tribunal plantea la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un paso que podría desembocar en la paralización del procedimiento mientras Luxemburgo resuelve sobre su legalidad.
La resolución responde a los recursos presentados por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón contra el real decreto que regula este proceso extraordinario. Antes de decidir si acude al TJUE, la Sala Tercera ha concedido a las partes un plazo de cinco días para presentar alegaciones sobre la conveniencia de plantear esa cuestión interpretativa.
El decreto, en vigor desde el 14 de abril, ha superado con creces las previsiones del Ejecutivo. El plazo para acogerse al proceso concluye este lunes y ya se han registrado más de 1,2 millones de solicitudes, muy por encima de las 500.000 personas que el Gobierno estimó inicialmente como potenciales beneficiarias. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya había advertido de ese desfase.
En su providencia, el Supremo identifica seis ámbitos en los que la norma española podría entrar en conflicto con el Derecho de la Unión.
El primero afecta a la propia aprobación del decreto. Aunque el Pacto de Migración y Asilo aún no era aplicable cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma, sí había entrado ya en vigor. Los magistrados consideran que esa circunstancia puede condicionar la validez de disposiciones nacionales incompatibles con la futura aplicación del marco europeo.
El segundo punto se refiere a los solicitantes de protección internacional. El reglamento europeo les reconoce un derecho de permanencia mientras se tramita su expediente, pero no un permiso de residencia. El Supremo cuestiona que el decreto español transforme esa permanencia en una autorización de residencia ordinaria e incluso permita archivar procedimientos de expulsión.
La Sala también pone el foco en la Directiva de Retorno, que obliga a dictar una resolución de retorno para quienes permanezcan de forma irregular en un Estado miembro, salvo excepciones concretas. A juicio del Tribunal, el real decreto podría crear una vía de regularización generalizada al margen de esos supuestos y reconocer un permiso temporal de residencia por el mero hecho de encontrarse en situación irregular.
Otro de los reparos hace referencia al principio de cooperación leal entre los Estados miembros. El Supremo destaca que una regularización de esta magnitud afecta al conjunto de la Unión y señala que no consta una comunicación previa a la Comisión Europea ni una coordinación con el resto de socios comunitarios.
Los magistrados añaden que, tras la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo, la capacidad de los Estados para aprobar regularizaciones masivas podría haber quedado condicionada por el nuevo sistema europeo de solidaridad y gestión común.
Por último, advierten de que las personas regularizadas adquieren el derecho a circular durante 90 días por el espacio Schengen, una consecuencia que también suscita dudas sobre su compatibilidad con el Código de Fronteras Schengen y sobre la ausencia de coordinación con el resto de países afectados.
No es la primera vez que el Supremo examina este asunto. El pasado 22 de mayo rechazó suspender cautelarmente la regularización tras una petición formulada por la Comunidad de Madrid y VOX. Sin embargo, en esta ocasión los magistrados sí han entrado a valorar el fondo del asunto y consideran que existen dudas suficientes para estudiar tanto la consulta al TJUE como una eventual paralización del procedimiento.
La providencia lleva la firma de los magistrados Wenceslao Olea, Carlos Lesmes y Fernando Román. Olea y Román ya emitieron un voto particular en la resolución anterior al considerar que el decreto podía vulnerar la normativa comunitaria.
La medida también ha generado fricciones en el seno de la Unión Europea. Durante el último Consejo Europeo, varios dirigentes cuestionaron la decisión del Gobierno español. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reprochó a Pedro Sánchez que una regularización de estas dimensiones «afecta a otros países», una crítica compartida por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, así como por representantes de Hungría y Bélgica.
