El Tribunal Supremo ha intensificado su investigación sobre la trama vinculada a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, centrándose en la figura del empresario vasco Joseba Antxón Alonso, relacionado con el PNV y EH Bildu. El juez Leopoldo Puente ha ordenado rastrear la actividad fiscal y bancaria de más de una veintena de empresas, entre ellas Servinabar 2000 SL, propiedad de Alonso y de Cerdán, sospechosa de haber canalizado fondos hacia la fundación Fiadelso, asociada a Ábalos.

Según la Guardia Civil, la empresa navarra transfirió 4.500 euros en concepto de donación a Fiadelso. El informe atribuye a Cerdán capacidad de decisión sobre dichos fondos y sostiene que los pagos podrían haber sido recurrentes. La conversación intervenida entre Koldo García y la hija de Ábalos refuerza esta hipótesis: ambos daban por hecho que esos ingresos eran habituales y se lamentaban de retrasos en su ejecución.

Además, la UCO ha solicitado al Supremo seguir el rastro de 479 cuentas bancarias de varias sociedades involucradas en la supuesta red de comisiones ilegales. El juez también ha pedido a la Hacienda Foral de Navarra detalles sobre bienes inmuebles, facturas y operaciones económicas de Alonso, su entorno y las empresas vinculadas.

Las pesquisas alcanzan también al Gobierno de Navarra, presidido entonces por Geroa Bai. Bajo su gestión, se adjudicaron dos contratos de obra pública por 4,6 millones de euros a empresas ligadas a Alonso, en UTE con Acciona. Las fechas coinciden con las negociaciones entre PSOE, PNV y EH Bildu para la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Santos Cerdán ha reconocido que Alonso fue intermediario clave en esas conversaciones. Una versión que ha sido confirmada por Arnaldo Otegui, quien admitió que el empresario le puso en contacto con el dirigente socialista. El PNV, por su parte, ha negado cualquier vínculo con los hechos investigados.