La UCO ha incluido una valoración que alude a Pedro Sánchez en el marco de la investigación por adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Según la Guardia Civil, Koldo García y Santos Cerdán habrían mostrado un especial interés, tanto en 2018 como en 2020 —coincidiendo respectivamente con la llegada de Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura y con su reafirmación en el cargo tras las elecciones generales de 2019— en que Javier Herrero fuera designado como director general de Carreteras y más adelante promocionado a un cargo de mayor rango, según adelanta Libertad Digital.
Este interés cobra relevancia dentro de un contexto más amplio que investiga presuntas prácticas corruptas en el seno del Ministerio de Transportes. En particular, los agentes consideran que Herrero habría intervenido en favor de constructoras específicas, lo que refuerza la tesis de que ciertos nombramientos habrían estado motivados por objetivos políticos y económicos, más que por méritos profesionales.
El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha decidido abrir una pieza separada y bajo secreto de sumario para investigar la actuación de Herrero y de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF. Ambos han sido citados a declarar en calidad de investigados el próximo 21 de julio. Además, ha autorizado registros en sus domicilios, como parte de las diligencias judiciales.
El origen de esta nueva línea de investigación se remonta a la concesión de dos obras públicas por un valor superior a los 70 millones de euros que, según la UCO, fueron autorizadas por Pardo de Vera bajo instrucciones directas de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos. Aunque en esta etapa la investigación no alcanza directamente a Ábalos, sí señala a personas de su entorno más próximo.
Entre los elementos que más han llamado la atención de los investigadores figura un mensaje enviado por Koldo a Javier Herrero el 15 de marzo de 2022. En él, Koldo solicita permiso para facilitar el contacto de Herrero a la gerente del PSOE, ya que —según sus palabras— “le estaban reclamando el impuesto”. Poco después, Herrero confirmó que había recibido un formulario, aunque no se especificaba cantidad alguna. La persona en cuestión es Ana María Fuentes, actual responsable provisional de la Secretaría de Organización socialista tras la detención de Santos Cerdán.
El juez Moreno sostiene que existen fundamentos para sospechar que Pardo de Vera pudo haber incurrido en hasta cinco posibles delitos: pertenencia a estructura delictiva, prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. En una resolución judicial previa ya había ordenado registrar su vivienda en Santiago de Compostela en relación con estos hechos.
Cabe recordar que la expresidenta de ADIF ya era objeto de otra investigación judicial por la supuesta contratación irregular de Jéssica Rodríguez, antigua pareja de Ábalos, en dos entidades públicas. Esa causa, aún abierta, ahora se complementa con esta nueva vertiente centrada en las adjudicaciones de obra pública.
Esta ampliación de la investigación judicial acerca todavía más el foco sobre el corazón del PSOE, vinculando las maniobras de algunos de sus cargos intermedios con decisiones relevantes de carácter administrativo que, presuntamente, beneficiaron a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones ilegales.
