El Tribunal Constitucional ha reabierto el caso de la muerte del Cristóbal Montávez, y ha señalado que la investigación policial y judicial se cerró en falso y que se vulneraron los derechos de su familia.
En plena pandemia, Cristóbal, de 42 años, habló con su madre poco antes de las 23.00 horas del 29 de octubre de 2020 para decirle que ya subía a casa como marcaba el toque de queda.
Sobre las 8.00 horas, la Guardia Civil informó a la madre de que su hijo se había ahorcado en el calabozo del Ayuntamiento de Jódar (Jaén) con un cordón de su chándal sobre las dos y media de la madrugada. Su cuerpo regresaba en ese momento del Instituto de Medicina Legal de la capital, donde ya se la había realizado la autopsia que determinaba que «era un suicidio».
La desconfianza de la familia en la versión «oficial» fue absoluta desde el principio. Por ello inició una batalla judicial que dura cuatro años y que continúa en el TC tras los sobreseimientos en el Juzgado número 1 de Instrucción de Úbeda y en la Audiencia Provincial de Jaén.
Su hermana fue la encargada de reconocer el cadáver: vio su su cara llena de golpes y pidió que le desnudaran: «Tenía un golpe en la frente y moratones en la cara y por todo el cuerpo. También tenía golpes en las espinillas y los costados, los dedos de los pies morados…». Su padre presentó una denuncia contra la Policía Local y el Ayuntamiento de Jódar como responsable civil. Algunos vecinos afirmaron haber visto cómo los agentes golpeaban a Cristóbal en dos calles distintas de la localidad. Sobre el relato de estos testigos, la familia se querelló por actuación negligente: homicidio, detención ilegal, destrucción de pruebas, lesiones y abuso de autoridad.
La Sala Segunda del Constitucional ha reconocido la vulneración de los derechos de los padres y la hermana de Cristóbal. Ha constatado que no se hizo todo lo necesario para aclarar aquella muerte, que hubo «lagunas» imperdonables y que había sospechas «razonables» del presunto delito de torturas que denunció la familia.
