El Tribunal de Cuentas advirtió hace siete meses de que los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla todavía presentaban deficiencias de conservación y mantenimiento pese a las inversiones realizadas por el Ministerio del Interior. El aviso cobra especial relevancia tras la invasión que ha desbordado Ceuta y ha permitido la entrada ilegal de decenas de miles de personas desde Marruecos.
El órgano fiscalizador sustentó sus conclusiones en los últimos informes de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad sobre el estado de los pasos fronterizos. Aunque estos documentos no son públicos, las inspecciones apreciaron que las infraestructuras, sobre todo las situadas en Melilla, continuaban en una «situación mejorable», detalla La Razón.
La advertencia no se limitaba al deterioro de las instalaciones. El Tribunal de Cuentas también cuestionó la forma en la que el departamento dirigido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decide qué actuaciones financia y cuáles quedan relegadas.
La Secretaría de Estado de Seguridad emplea una parte de su presupuesto en infraestructuras propias, entre ellas los perímetros de Ceuta y Melilla, y completa inversiones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, el informe constató que no existe «ningún criterio o procedimiento escrito» para determinar qué proyectos deben recibir esos fondos ni cómo se establece su prioridad.
Esta ausencia de reglas permite que los recursos sean distribuidos con un «amplio margen de discrecionalidad», según el Tribunal de Cuentas. El organismo puso así en duda la transparencia y objetividad de una política de inversión vinculada de forma directa con la protección de las fronteras españolas.
Ninguna actuación en los perímetros fronterizos
El último Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado fiscalizado contemplaba una inversión de 575 millones de euros para desarrollar 91 actuaciones hasta 2025. Ninguna de ellas estaba destinada a los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.
La ejecución presupuestaria también quedó lejos de lo programado. Hasta hace dos años solo se habían invertido 191 millones, cerca de un tercio de los fondos previstos.
El Tribunal de Cuentas señaló además que el plan «no contaba con un procedimiento de modificación» ni con una matriz de seguimiento. Tampoco quedó documentado por escrito el proceso utilizado para incorporar nuevas actuaciones o retirar proyectos incluidos al inicio.
Estas carencias, según el organismo, impedían garantizar «un grado suficiente de transparencia y objetividad en la gestión realizada».
Los pasos fronterizos disponían de una vía específica de financiación mediante el denominado Plan Inmigración SUR. Sin embargo, durante tres años solo se destinaron 40 millones de euros a este programa. En 2024, la inversión ejecutada en Ceuta en esta materia apenas alcanzó los 7.000 euros.
El órgano fiscalizador también advirtió de la dependencia del Estado respecto a los fondos europeos para financiar unas infraestructuras esenciales para la seguridad y la soberanía nacional.
Seguridad Nacional también avisó al Gobierno
El Tribunal de Cuentas no fue el único organismo que anticipó el problema. El Informe Anual de Seguridad Nacional de 2025, elaborado por un órgano dependiente de la Presidencia del Gobierno, ya había señalado el aumento de las entradas ilegales a través del perímetro de Ceuta como uno de los principales riesgos para el Estado y para la gestión de las fronteras.
El documento situaba este incremento dentro de un escenario marcado por la inestabilidad en el norte de África y el Sahel. También advertía de los accesos a nado por el espigón fronterizo, una vía que dificulta la vigilancia y supone «un grave riesgo» para la vida de quienes tratan de alcanzar territorio español.
El informe mostraba, además, su preocupación por que la «incapacidad de respuesta estatal» favoreciera la actuación de las redes dedicadas a la inmigración ilegal, consideradas una forma de criminalidad organizada que afecta «a los intereses esenciales del Estado».
Pese a estos avisos, el Gobierno no reforzó con antelación los medios necesarios para afrontar una entrada coordinada y masiva desde Marruecos. Interior solo aumentó el despliegue policial cuando la frontera ya había quedado desbordada.
La actuación del Ejecutivo ha sido, por tanto, reactiva. Los informes habían identificado el deterioro de las infraestructuras, el incremento de la presión sobre Ceuta y la ausencia de criterios objetivos para repartir las inversiones. El refuerzo llegó después de que decenas de miles de inmigrantes ilegales hubieran entrado en la ciudad autónoma y de que las autoridades ceutíes reclamaran la declaración de la emergencia nacional.
