El Tribunal de Cuentas ha decidido no revisar las subvenciones electorales correspondientes a EH Bildu por las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, pese a la petición expresa del Parlamento y a que la coalición de Arnaldo Otegi incluyó a 23 condenados por terrorismo de ETA en sus listas. Según informa El Confidencial, con esta decisión, el órgano fiscalizador blinda el cobro de hasta 1,3 millones de euros y traslada al Ministerio del Interior la fijación del importe definitivo en función de los votos obtenidos.
Bildu ya cobró un adelanto de 286.642,47 euros, y ahora será Interior —bajo la responsabilidad del ministro Fernando Grande-Marlaska— quien dicte las resoluciones finales de pago. La decisión del Pleno del Tribunal de Cuentas contó con cinco votos en contra, cuyos firmantes acusan a la mayoría de incumplir sus funciones constitucionales.
El debate se arrastra desde hace dos años y ha implicado a Interior, Justicia, la Abogacía del Estado, la Junta Electoral Central (JEC) y a ambas Cámaras del Parlamento. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que no se devengan subvenciones cuando las listas incluyan a personas condenadas por terrorismo, salvo que dichas formaciones hayan rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista. Esa coletilla es la que ha servido de coartada jurídica para mantener los pagos.
Según un oficio firmado por la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, el Pleno rechazó pronunciarse «de modo expreso» sobre el devengo de la subvención porque —argumenta— ya se pronunció en el informe de fiscalización del 28M aprobado en febrero de 2025, y porque una nueva revisión supondría una extensión indebida de competencias. En el Programa Anual de Fiscalizaciones de 2026 no se incluirá, por tanto, ninguna actuación específica sobre Bildu.
Los consejeros discrepantes —Elena Hernáez, Rebeca La Liga, José Manuel Otero Lastres, Javier Morillas y Miguel Ángel Torres— sostienen lo contrario: recuerdan que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas obliga a atender las solicitudes de fiscalización de las Cortes Generales, y denuncian que la negativa del Pleno vacía de contenido el control del gasto público en financiación política.
