Cerca de 30.000 empresas que han recibido ayuda financiera del Estado durante la pandemia se encuentran hoy ilocalizables. No constan como activas, pero tampoco aparecen en causa de disolución o extinción. Esa situación las convierte en una suerte de empresas «zombis» y abre un problema de primer orden para el control del dinero público: impide calcular con precisión el roto que pueden dejar al ICO, encargado de canalizar los avales habilitados por el Gobierno para empresas y autónomos durante la crisis sanitaria.
La cifra aparece en un informe del Tribunal de Cuentas sobre el desarrollo, el coste y el impacto del programa de avales aprobado en marzo de 2020, según recoge Vozpópuli. El mecanismo arranca con una asignación de 100.000 millones de euros y permite inyectar liquidez a miles de negocios golpeados por el parón económico derivado de la pandemia. Según el órgano fiscalizador, el 78% de las empresas beneficiarias continúa hoy en activo.
En concreto, el Tribunal de Cuentas calcula que 303.851 empresas que han accedido a esas líneas de avales siguen vivas. En el lado contrario aparecen 84.569 sociedades que no han logrado sobrevivir a la crisis pese al respaldo público. De ellas, 55.273, el 65%, se encuentran en situación de disolución, extinción, concurso o quiebra, o bien tienen cerrada su hoja registral.
El problema se concentra en el grupo restante: 29.296 empresas imposibles de localizar. Representan el 35% de las compañías que no han resistido el golpe económico. Su situación dificulta la labor de los organismos de fiscalización y deja en el aire la factura pendiente para las arcas públicas.
La mayoría de las empresas que han quedado por el camino tenían entre diez y 50 empleados, lo que el Tribunal de Cuentas vincula a su mayor vulnerabilidad ante el impacto económico de la pandemia. Los sectores más afectados son la hostelería y el comercio, dos actividades castigadas con especial dureza por los cierres, las restricciones y los largos meses de caída de la actividad.
El informe añade presión al debate sobre el uso de dinero público durante la pandemia, reabierto por los rescates de Plus Ultra y Tubos Reunidos. Ambos casos han estado rodeados de dudas por la situación financiera previa de las compañías. En teoría, los fondos públicos debían servir para sostener negocios viables afectados de forma puntual por la Covid-19, no para apuntalar empresas que ya arrastraban problemas antes de la crisis sanitaria.
El Tribunal de Cuentas recuerda en su informe que «las líneas de avales fiscalizadas tenían como objetivos garantizar la subsistencia de las empresas y autónomos viables, mantener el empleo y favorecer la reactivación económica tras la pandemia». Esa frase resume el núcleo del conflicto: hasta qué punto el Estado ha logrado distinguir entre empresas solventes golpeadas por una crisis excepcional y sociedades con dificultades estructurales que han terminado trasladando parte del riesgo al contribuyente.
El análisis sobre el empleo tampoco ofrece una conclusión rotunda a favor del programa. Tras estudiar en profundidad 40.000 empresas beneficiarias, el Tribunal de Cuentas concluye que no se aprecia «un impacto estadísticamente significativo de las líneas de avales sobre la trayectoria global del empleo». Sí detecta, en cambio, «un impacto positivo claro y consistente» en las microempresas con menos de diez trabajadores.
El resultado es similar al medir la reactivación económica a través de los ingresos. El informe no observa «un impacto agregado inmediato de las líneas de avales en los primeros años tras la pandemia». De nuevo, el efecto más favorable aparece en las microempresas, donde sí se aprecia una recuperación más clara y persistente desde 2021, compatible con una mejora de liquidez y de supervivencia empresarial.
El enorme volumen de fondos movilizados y el escaso margen temporal para desplegarlos han complicado la labor de control del ICO. El Tribunal de Cuentas advierte de lagunas en la supervisión de casi un centenar de operaciones de elevada cuantía. En concreto, son 98 operaciones con volúmenes de financiación superiores a los 50 millones de euros.
El Banco de España sitúa el saldo vivo de los préstamos de la Covid-19 con garantía pública en 24.000 millones de euros al cierre de 2025. La institución alerta además de que la exposición remanente se concentra en mayor medida en préstamos problemáticos. Los créditos con riesgo evidente de impago rondan ya los 7.500 millones de euros.
La pandemia deja así una factura todavía abierta para el Estado. Cinco años después de la activación de los avales, miles de empresas siguen sin rastro claro, una parte relevante de los créditos presenta riesgo de impago y el control público afronta una pregunta incómoda: cuánto dinero terminarán pagando los contribuyentes por rescates concedidos en plena emergencia y fiscalizados a posteriori.
