La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta intermediación en el rescate de Plus Ultra ha reabierto el debate sobre algunas de las ayudas millonarias concedidas por el Ejecutivo durante la pandemia a empresas consideradas estratégicas. Las operaciones financiadas a través de la SEPI vuelven a situarse bajo escrutinio judicial y político por las sospechas de tráfico de influencias y posible uso irregular de fondos públicos.
Las ayudas fueron canalizadas mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado en 2020 y dotado con 10.000 millones de euros para sostener compañías afectadas por la crisis sanitaria. A través de este mecanismo se aprobaron 30 expedientes por valor de 3.256 millones de euros, entre ellos los correspondientes a Plus Ultra, Air Europa, Tubos Reunidos y Duro Felguera.
Aunque el Tribunal de Cuentas concluyó en un informe de 2024 que la tramitación de los expedientes se ajustó a la normativa vigente, varias de estas operaciones han terminado en los tribunales y continúan generando controversia política.
El rescate de Plus Ultra, el caso más controvertido
La ayuda de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra en marzo de 2021 ha sido una de las más cuestionadas. Los denunciantes sostuvieron que la compañía no reunía los requisitos exigidos para ser considerada estratégica y denunciaron que atravesaba dificultades económicas antes de la pandemia. También apuntaron a operaciones financieras vinculadas a entidades radicadas en Panamá.
La causa inicial terminó archivada en enero de 2023 por un defecto procesal, pero las sospechas no desaparecieron. Un año después, la Fiscalía Anticorrupción reactivó las pesquisas tras recibir información procedente de Francia y Suiza sobre un posible blanqueo de capitales. La investigación trata de determinar si parte de los fondos públicos pudieron acabar vinculados a estructuras relacionadas con el lavado de dinero procedente de Venezuela.
La investigación terminó regresando a la Audiencia Nacional y situó en el centro de la causa a Zapatero por su relación con la consultora Análisis Relevante, vinculada a su entorno y que asesoró a Plus Ultra durante el proceso de rescate.
La conexión con la trama de Leire Díez
El caso Plus Ultra coincide además con la investigación que la Audiencia Nacional desarrolla sobre la presunta trama de corrupción encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez. Las pesquisas analizan si una red de influencias utilizó su posición para intervenir en adjudicaciones y ayudas públicas.
Entre las operaciones bajo sospecha figura el rescate de Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros en 2021. La compañía atraviesa actualmente una situación crítica y el pasado mes de mayo entró en concurso de acreedores ante el riesgo de insolvencia, además de plantear un ERE con 300 despidos.
Los investigadores también examinan el papel que pudo desempeñar el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero en algunos de los rescates aprobados durante el periodo en que la entidad operó bajo una presidencia interina.
Duro Felguera y Air Europa, otras ayudas bajo escrutinio
Otra de las operaciones que continúa generando preguntas es la ayuda de 120 millones de euros concedida a Duro Felguera. La compañía asturiana afronta un complejo proceso de reestructuración financiera y la oposición ha señalado las similitudes de su expediente con los de Plus Ultra y Tubos Reunidos. Además, antiguos directivos de la empresa deberán afrontar un juicio relacionado con presuntos sobornos en Venezuela.
Por su parte, Air Europa recibió el mayor rescate de todo el fondo, con 475 millones de euros. Aunque la ayuda ya ha sido devuelta íntegramente, la operación ha aparecido mencionada en distintas investigaciones relacionadas con el caso Koldo y con las pesquisas que afectan al entorno del Gobierno. El juez Juan Carlos Peinado llegó incluso a intentar investigar una posible mediación de Begoña Gómez en el rescate, una línea que posteriormente fue frenada por la Audiencia de Madrid.
La acumulación de investigaciones sobre varias de las principales ayudas aprobadas durante la pandemia ha vuelto a colocar bajo presión política la gestión de los rescates millonarios articulados a través de la SEPI, especialmente después de que el nombre de Zapatero haya quedado incorporado a una de las causas más sensibles.
