La documentación empleada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para aprobar el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra vuelve a situarse bajo sospecha. Los informes y actas internas utilizados para justificar la ayuda pública sostuvieron la decisión sobre tres pilares: el supuesto impacto laboral de la compañía, su relevancia estratégica en el mercado aéreo y la tesis de que no era una empresa en crisis antes de la pandemia. Sin embargo, distintos datos incluidos en esa documentación reflejan estimaciones infladas y omisiones relevantes sobre la situación real de la aerolínea.
La operación, aprobada en marzo de 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), concedió a Plus Ultra un préstamo público de 53 millones tras recibir informes de Deloitte, Daiwa Corporate Advisory, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Según la información conocida, esas evaluaciones sirvieron para concluir que la compañía era una «empresa estratégica».
Uno de los principales argumentos fue el empleo. La SEPI sostuvo que una hipotética quiebra provocaría un fuerte impacto laboral, con más de 400 empleos directos y entre 2.500 y 2.700 indirectos afectados. Sin embargo, la propia documentación muestra cifras distintas según el informe consultado y no detalla cómo se calcularon esos miles de puestos indirectos. Además, los datos internos de la compañía apuntaban a una plantilla notablemente menor y con un peso significativo de contratos temporales.
Las dudas también alcanzan al carácter «estratégico» de la aerolínea. Plus Ultra transportó aproximadamente 155.000 pasajeros en 2019, operaba únicamente cinco rutas y disponía de cuatro aviones. Pese a ello, el expediente defendía una relevancia específica en determinados mercados iberoamericanos, especialmente Venezuela. Sin embargo, otros datos incluidos en la documentación señalaban que su cuota real apenas representaba el 0,1% del mercado español y el 1,5% de los pasajeros entre España e Iberoamérica.
La tercera cuestión afecta a la situación financiera previa a la pandemia. La SEPI sostuvo que Plus Ultra no podía ser considerada una empresa en crisis porque mantenía un patrimonio neto suficiente. Sin embargo, ese cálculo incluyó un préstamo participativo de 6,3 millones concedido por Panacorp en 2017, una operación que permitió elevar artificialmente los fondos propios y evitar una posible causa de disolución. Sin ese mecanismo contable, el patrimonio de la compañía quedaba por debajo de los límites establecidos.
La documentación tampoco reflejaba un elemento especialmente sensible: Plus Ultra acumulaba cinco ejercicios consecutivos con resultados negativos. Las pérdidas acumuladas alcanzaban los 13,2 millones de euros y el resultado operativo registraba un saldo negativo de 15,1 millones.
El caso mantiene además una derivada judicial y política. La investigación abierta en la Audiencia Nacional analiza posibles conexiones entre directivos de Plus Ultra y el denominado entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según las diligencias conocidas, aparecen contratos de asesoramiento vinculados a la operación que incluían pagos por valor de 72.600 euros y otro acuerdo condicionado al éxito del rescate que equivalía al 1% de la ayuda pública concedida.
A ello se suma otro elemento que complica el escenario. La investigación de la UDEF sostiene que la SEPI eliminó el rastro documental de parte de sus comunicaciones relacionadas con el rescate al inicio de las nuevas pesquisas judiciales en 2025, tras localizar «carpetas vacías» durante los requerimientos de información realizados por los agentes.
