El Tribunal Supremo ha asegurado que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tenía «conocimiento de la ilegalidad» del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su «pasividad» ante el «despilfarro y la arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia de 1205 folios que se ha dado a conocer este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio.
Así, el Alto Tribunal ha confirmado la condena a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso ilegal de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
En la resolución, consta que se mantiene la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves. Para Griñán, por su parte, se confirman los 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, aunque su familia ya ha presentado la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.
El tribunal ha concluido que Griñán «tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos». «Es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios», añade el fallo.
Los magistrados del Supremo han coincidido con el criterio de la Fiscalía, que durante una vista celebrada el pasado mayo pidió que se confirmaran las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes. El Ministerio Público defendió que había quedado probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control», propiciando un sistema «prevaricador» donde «cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto».
