El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tiene ya «indicios suficientes» para imputar al PSOE por un delito de financiación ilegal de partidos. Así lo ha adelantado el diario The Objective, que asegura que el magistrado instructor cuenta con documentación clave dentro de una pieza separada declarada secreta. El caso gira en torno a la supuesta trama organizada en torno a los ex secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y podría derivar en una imputación formal de la formación socialista en las próximas semanas.
Uno de los elementos más llamativos en la investigación apunta a donaciones que habrían llegado a Ferraz desde empresas beneficiadas por adjudicaciones públicas, con un origen presuntamente ilícito derivado de comisiones irregulares. La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ultima informes patrimoniales sobre Ábalos y Cerdán que pondrán de relieve discrepancias entre sus declaraciones fiscales y las aportaciones realizadas al partido. Por este motivo, el Supremo reclamó al PSOE los registros de cuotas de militantes, donaciones internas, pagos de servicios y otros movimientos desde 2014.
La sombra de la financiación opaca planeaba ya cuando, en junio, Cerdán ingresó en prisión preventiva. En aquel auto, el magistrado habló de un «botín millonario» y anticipó la posible imputación de personas físicas y jurídicas relacionadas con el partido. En ese momento el asunto parecía diluirse, pero ahora, con la abundancia de pruebas recabadas en registros y documentos electrónicos incautados, la hipótesis de que el PSOE como organización pudiera responder penalmente gana fuerza.
Pese a que en Moncloa y en la dirección socialista se llegó a respirar cierto alivio durante el verano, convencidos de que el caso «se había desinflado» por la falta de hallazgos concretos de dinero, los informes más recientes desmontan esa percepción. La UCO no ha localizado todavía los fondos en el extranjero —se han rastreado cuentas en países como República Dominicana, Túnez, Senegal o Armenia—, pero los investigadores manejan gran cantidad de pruebas documentales y grabaciones que muestran cómo se habría articulado el cobro de sobornos y favores políticos.
Uno de los protagonistas recurrentes en la trama es el empresario valenciano Pepe Ruz, propietario de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), una firma que se habría beneficiado de contratos del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Los informes de la Guardia Civil lo describen como «pieza común» en el engranaje, vinculado tanto a Ábalos como a Cerdán y a Koldo García. Testimonios de empresarios lo señalan como recaudador de comisiones de hasta el 20% para el PSOE, actuando como enlace entre compañías privadas y dirigentes políticos.
En los registros practicados en junio en su domicilio en Valencia, los agentes encontraron múltiples dispositivos, entre ellos un pendrive con referencias a la Consejería de Obras Públicas de Cantabria. Los investigadores sospechan que Ruz fue el canal a través del cual se desviaban sobornos hacia el partido. Su vínculo con los socialistas viene de lejos: primero en Granada, su provincia natal, y después en Valencia, donde consolidó su empresa a principios de los 2000 con el respaldo de contactos políticos, entre ellos el propio Ábalos, a quien conoció cuando era concejal y vicesecretario del PSPV.
No sólo LIC aparece en el foco. Servinabar, una compañía vinculada a Santos Cerdán, también ha quedado señalada. Según la UCO, el dirigente socialista llegó a adquirir el 45% de sus participaciones en 2016 por un precio irrisorio. Esa misma sociedad asumió después el pago de un ático de lujo de Cerdán en Madrid y fue adjudicataria de la construcción de los túneles de Velate (Navarra), una obra de 76 millones de euros rodeada de irregularidades en el proceso de contratación. En el garaje del dueño de la empresa se hallaron más de 16.000 euros en efectivo guardados en mochilas.
El mapa de sociedades salpicadas se amplía con OPR (Obras Públicas y Regadíos) y con Acciona Construcciones. En Granada, en la vivienda de un exdirectivo de Acciona y sus familiares, la UCO localizó esquemas manuscritos en los que aparecía el nombre de Ábalos, documentos sobre adjudicaciones históricas y un contrato ligado a la familia de Koldo García. La investigación sostiene que se usaron vínculos laborales ficticios para justificar ingresos, como el empleo atribuido a la mujer de Koldo en una de las filiales del grupo.
Mientras tanto, fuentes cercanas a la investigación remarcan que el hecho de no haber localizado aún físicamente el dinero desviado no resta gravedad a los hechos. Aseguran que el cúmulo de pruebas electrónicas, contratos y grabaciones —especialmente las conversaciones de Koldo con Ábalos y Cerdán— bastan para sostener la acusación de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Todo ello refuerza la tesis de que el PSOE como persona jurídica podría ser acusado formalmente, con consecuencias penales directas para la formación.
