Oriol Pujol reconoció que intervino a favor de su íntimo amigo Sergi Alsina en el proceso para amañar el mapa de las estaciones de ITV en Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado que el exdiputado de CiU Oriol Pujol sea juzgado por un tribunal popular por la presunta trama corrupta de las ITV puesto que al pacto que alcanzó con la Fiscalía para evitar la vista oral no se han sumado todos los procesados.
Oriol Pujol -que está siendo investigado también por la Audiencia Nacional junto al resto de su familia por la fortuna oculta en Andorra- reconoció que intervino a favor de su íntimo amigo Sergi Alsina en el proceso para amañar el mapa de las estaciones de ITV en Cataluña, en el que había constituido una sociedad con el también imputado Sergi Pastor con el objetivo de que se viera favorecida en el reparto de lotes.
En un auto, la sala civil y penal del TSJC desestima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al que se sumaron varias defensas, contra la decisión de la magistrada presidenta del jurado popular que juzgará el caso ITV, quien impidió el acuerdo de conformidad parcial alcanzado por Oriol Pujol, su esposa y otros dos empresarios por su implicación en la presunta trama corrupta.
En julio del año pasado, el exdiputado de CiU e hijo del expresidente catalán Jordi Pujol aceptó una condena de dos años y medio de cárcel al reconocer que cobró comisiones de empresarios afines por utilizar su influencia política para favorecer a sus negocios.
En virtud de ese pacto, que debía ser ratificado por el presidente del jurado, Anna Vidal -esposa de Oriol Pujol- y los empresarios Sergi Pastor y Ricardo Puignou se conformaban con penas de multa.
Por el contrario, ni el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous ni el empresario Sergi Alsina se sumaron al acuerdo y decidieron seguir adelante con el juicio, en el que afrontan penas de uno y seis años de cárcel, respectivamente.
La decisión del TSJC no impide que el acuerdo de cuatro de los acusados con la Fiscalía siga adelante, aunque ceñido al desarrollo del juicio oral, en el que los imputados podrían reconocer los hechos de que se les acusa y lograr así que el ministerio público rebaje su petición de condena.
Con el acuerdo suscrito con la Fiscalía ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona -que instruyó el caso-, el exdiputado de CiU logró rebajar a dos años y medio de cárcel, más un decomiso de 311.000 euros y una multa de 55.000, la pena de cinco años y dos meses que le solicitaba Anticorrupción, que pedía además tres años de cárcel para su esposa.
En su auto, el TSJC considera que el hecho de que no exista unanimidad entre los procesados en el acuerdo de conformidad podría, «cuanto menos, dificultar la defensa de los acusados» que no se sumaron al pacto.
En su comparecencia ante la juez instructora en que se formalizó el pacto con la Fiscalía, Oriol Pujol aceptó haber cobrado 443.660 euros de Sergi Alsina a través de las facturas giradas por su esposa por trabajos inexistentes, por favorecerle en varias operaciones mercantiles, en las que llegó a facilitarle el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Entre las operaciones en las que intervino Oriol Pujol, figura la reconversión industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la deslocalización de la compañía Yamaha.