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DE PUIGDEMONT Y DEL RESTO DE ENCAUSADOS

El voto discrepante de una magistrada izquierdista contra la decisión del Supremo abre la puerta a recursos ante el TC

Puigdemont seguirá fugado y el Parlamento catalán le dejará votar a distancia en el pleno de constitución
Puigdemont en Perpignan. Europa Press.

La ley de amnistía quedará previsiblemente en manos del Tribunal Constitucional después de que el Tribunal Supremo preguntara a acusaciones y defensas del golpe si debe consultar a la corte de garantías sobre la constitucionalidad de amnistiar la desobediencia.

También ante los eventuales recursos que se espera que presenten el expresidente Carles Puigdemont y el resto de encausados contra la decisión del TS de no perdonarles la malversación alentados por el voto discrepante de la magistrada izquierdista Ana Ferrer, aunque no será ahora. Desde Junts señalan que el primer paso será presentar un recurso de forma ante Llarena, después presentar un recurso de apelación ante la sala del Supremo y finalmente llegar al Constitucional.

La Sala de lo Penal del Supremo y el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, han dictado dos autos en los que rechazan exonerar la malversación, pero ven amnistiable el delito de desobediencia que se le atribuye a varios de sus dirigentes.

Para el alto tribunal declarar amnistiado el delito de desobediencia «obliga a despejar la duda de constitucionalidad que suscita el mandato legislativo por su posible oposición» a tres artículos de la Constitución: el del principio de legalidad, el que garantiza el derecho a la igualdad y relativo al ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces.

Fuentes jurídicas no ven viable que el Constitucional inicie la tramitación del asunto antes de agosto —mes inhábil en los tribunales— y recuerdan que las cuestiones de inconstitucionalidad las atiende el Pleno y no la Sala de Vacaciones, que es la que está operativa ese mes.

Dichas fuentes inciden en que la tramitación de una cuestión de inconstitucionalidad puede durar «unos meses» y apuntan, además, que no es posible determinar ‘a priori’ el tiempo que el TC puede tardar en resolver un asunto de este calado.

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