La disputa política entre las distintas administraciones se ha intensificado, mientras que la situación en las cuatro terminales, donde pernoctan más de 400 personas, permanece sin cambios. Los controles en los accesos implementados por la gestión aeroportuaria para limitar la presencia de indigentes han tenido un impacto limitado, en gran parte debido a la negativa de algunos vigilantes de seguridad a hacerlos cumplir. Además, el temor entre los empleados ha aumentado tras varios episodios violentos protagonizados por algunos sin hogar, especialmente entre las trabajadoras de limpieza.
Una limpiadora y presidenta del comité de la Unión Sindical Obrera (USO), Fernanda Correia, ha denunciado diversos episodios violentos e incluso agresiones sufridas por algunas compañeras. El más reciente ocurrió el 8 de marzo, cuando una limpiadora entró a un baño para personas con movilidad reducida para realizar su trabajo y se encontró con un hombre durmiendo allí. «Ella le pidió que saliera, pero él, alterado, se negó, la escupió y le arrojó sus propias heces, que la mujer logró esquivar aunque terminaron manchando su ropa. Todo esto mientras la amenazaba de muerte».
Otro empleado sufrió graves heridas en el rostro. «Estos incidentes ocurren a diario, trabajamos con mucho miedo. Esto debe terminar», aseguró. En este contexto, una de las limpiadoras agredidas declaró ante los juzgados de Plaza de Castilla, afirmando que trabajaba «con mucho estrés y temor» porque los indigentes «hacen lo que quieren, creyendo que el aeropuerto les pertenece».
«Esto es una mafia, y no son inmigrantes como se dice. La mayoría son españoles. Aquí hay prostitución y mucho consumo de drogas. Se vive con mucho miedo», confesó otra trabajadora que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. Estas empleadas conocen cada rincón del aeropuerto y a quienes lo habitan.
