Las empresas públicas que dependían de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes cometieron irregularidades en los contratos públicos adjudicados a dedo y de forma urgente durante la pandemia. Según The Objective, se compró material caducado y faltan facturas y documentos. Además, existen publicaciones de los acuerdos incumpliendo plazos o pagos adelantados. La Plataforma de Contratación refleja 9.863 contratos de emergencia.
La misma información explica que las mordidas del caso Koldo probablemente son sólo el indicio de un fraude mayor y numerosas irregularidades en la contratación pública. Los investigadores analizan especialmente del Ministerio de Transportes y algunos de sus organismos. También el papel de Koldo García y su familia y el que era su jefe.
El importe de los contratos concedidos sin control en todos estos organismos asciende a 75 millones de euros. Los cuatro organismos de Transportes implicados adjudicaron por la vía de emergencia estos contratos a distintas sociedades, según los datos analizados por el diario a partir de la información del Tribunal de Cuentas.
Puertos del Estado fue la primera empresa pública de Transportes que contrató con Soluciones de Gestión, la compañía de la trama Koldo. Después Adif eligió al mismo proveedor. El pasado 5 de marzo ya se publicó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en un informe que la mujer de Koldo García, Patricia Uriz Iriarte, trabajó en 2022 para una constructora que se llevó al menos dos adjudicaciones de esta compañía.
