«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La Generalitat ha destinado 8.057.485,64 euros en una única convocatoria

Más de 1.300 entidades en Cataluña defienden la inmigración y centenares de ellas reciben dinero público de las distintas administraciones

Salvador Illa. Europa Press

Una guía de las entidades catalanas llamada «Associacions d’immigració a Catalunya», publicada en el portal xeu.cat, desvela la existencia de 1.301 entidades destinadas a defender la inmigración en la región. Esta exhaustiva base de datos, organizada en catorce páginas, recopila asociaciones de todo tipo: desde grupos culturales y formativos hasta colectivos que promueven la integración y los derechos de inmigrantes procedentes de países africanos, iberoamericanos, asiáticos y del Este de Europa.

Según la información disponible, centenares de estas entidades reciben subvenciones públicas de la Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y fondos europeos. Se trata de millones de euros anuales que financian actividades como talleres culturales, jornadas de sensibilización o programas de defensa de los derechos de los inmigrantes.

La Generalitat ha destinado 8.057.485,64 euros a través del Departament de Drets Socials i Inclusió en una única convocatoria para el bienio 2025-2026. Estos fondos se dirigen a entidades que promueven la acogida, el aprendizaje del catalán y la igualdad de oportunidades para inmigrantes y refugiados, incluyendo medidas «contra el racismo estructural».

Cataluña cuenta con una de las mayores concentraciones de población extranjera de España. Las entidades subvencionadas desarrollan programas de integración en diversos municipios, en un contexto de saturación en servicios como colegios y hospitales.

Muchas de estas asociaciones organizan actividades como fiestas folclóricas, cursos de idiomas o campañas de acogida. El reparto de las subvenciones se gestiona a través de convocatorias públicas, aunque la guía de xeu.cat destaca la magnitud de la red asociativa.

La opacidad en el reparto de estas ayudas ha generado debate público. No existe un control riguroso ni una auditoría pública que detalle cada euro gastado en todos los casos.

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