El inmigrante marroquí detenido hace escasos días por violar durante años a ovejas, ponis y asnos en granjas de Tarragona ha quedado en libertad condicional tras su declaración ante el juez. Pese a la gravedad de los hechos, el magistrado de los Juzgados de El Vendrell ha optado por imponerle únicamente medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse a las explotaciones donde perpetró los abusos. Dado que el Código Penal no contempla un delito específico de agresión sexual a animales, el individuo ha sido imputado por maltrato animal, según avanza ElCaso.cat.
La investigación comenzó cuando los propietarios de varias granjas en Roda de Bará alertaron a las autoridades tras encontrar a sus animales con heridas severas en la zona genital. En uno de los casos, una oveja murió debido a las lesiones provocadas. Preocupados por la reiteración de estos ataques, los afectados instalaron cámaras de seguridad, cuyo material grabado permitió identificar al agresor en plena acción.
La Policía Local de Roda de Bará logró interceptar al sospechoso el pasado miércoles, descubriendo que residía en condiciones precarias en barracas situadas entre Roda de Bará y Creixell. Las pesquisas determinaron que el individuo actuaba con un patrón sistemático, dirigiéndose siempre hacia las mismas granjas y atacando a los mismos animales durante la noche.
Su identificación definitiva fue posible gracias a la colaboración de vecinos y ganaderos de la zona, quienes proporcionaron información clave sobre su paradero. Finalmente, un agente fuera de servicio lo reconoció en la vía pública y dio aviso a sus compañeros, lo que permitió su arresto inminente.
Tras su detención, fue trasladado a la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Torredembarra, donde permaneció bajo custodia hasta su comparecencia judicial. Sin embargo, tras prestar declaración ante el juez este viernes, se determinó su puesta en libertad con la única restricción de mantenerse alejado de las granjas donde cometió los abusos. Esta decisión ha generado una fuerte indignación entre los propietarios afectados y la comunidad local, que temen que el individuo pueda reincidir.