Entran en vigor la ley de concordia y la creación de la primera universidad privada en Extremadura gracias al impulso de VOX, fuerza que junto al Partido Popular ha logrado sacar adelante dos de las normas más simbólicas de la legislatura. Ambas fueron aprobadas en el pleno autonómico del pasado jueves y publicadas este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), donde aparecen como la Ley 4/2025, de Concordia, y la Ley 3/2025, de reconocimiento de la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE).
La primera de ellas deroga la Ley de Memoria Histórica de 2019, aprobada en solitario por el PSOE, y se centra en reconocer a todas las víctimas de la violencia política, ideológica o social desde 1931 hasta hoy, sin distinción de bandos. Su objetivo declarado es «fomentar la concordia y la convivencia», aunque su aprobación ha desatado una intensa polémica política y social en la izquierda radical.
El texto contempla la elaboración de un mapa de fosas comunes y un censo de víctimas, además de la creación de una Comisión Técnica de la Concordia en el plazo de un año. Dicha comisión prestará apoyo a la Consejería competente en materia de memoria y será la encargada de coordinar las actuaciones en este ámbito. Según sus promotores, la norma pretende dignificar a todas las víctimas sin sesgos ideológicos y garantizar que los procesos de exhumación se desarrollen con criterios técnicos y respeto institucional.
Su aprobación culmina el pacto alcanzado entre PP y VOX, que también permitió aplicar en marzo una tercera rebaja fiscal en la comunidad y superar la crisis política derivada de la prórroga presupuestaria. Sin embargo, la oposición ha denunciado que la ley «abre la puerta a la impunidad histórica» y «blanquea la dictadura». Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura votaron en contra, al igual que las asociaciones memorialistas, que la consideran inconstitucional.
El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, anunció que solicitará al Gobierno central la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, recordando que el alto tribunal ya anuló normas similares aprobadas por gobiernos de PP y VOX en Aragón y la Comunidad Valenciana. «No permitiremos que se entierre de nuevo a las víctimas del franquismo», advirtió Gallardo obviando que con la nueva norma se les dignificará al igual que al resto de españoles fallecidos.
