En plena discusión sobre la urgencia de reforzar la inversión militar española, Esquerra Republicana ha decidido resucitar los fantasmas del pasado para lanzar una nueva ofensiva política contra las Fuerzas Armadas. El partido del golpista Oriol Junqueras ha registrado una propuesta para poner en marcha una investigación «exhaustiva e independiente» sobre supuestos casos de vejaciones, malos tratos y acoso en cuarteles militares durante las décadas de 1980 y 1990.
Una operación política con todas las letras, ya que no se trata de una investigación judicial, sino de una iniciativa de carácter político, con el claro objetivo de erosionar la imagen del Ejército en el momento más sensible: cuando España, junto al resto de socios europeos, discute un aumento del gasto en Defensa.
Según el texto registrado por los separatistas, su intención es «asegurar la protección de las víctimas, testigos y familiares», identificar a los presuntos responsables de los hechos y «reconocer públicamente los casos investigados y probados». A continuación, y siempre bajo el relato que ellos mismos han promovido, se buscaría «instar denuncias y querellas» para depurar responsabilidades administrativas, penales y patrimoniales.
Es decir: ellos investigan, ellos acusan, y luego exigen a los tribunales que sancionen. Una justicia a medida para seguir atacando al Estado desde dentro.
No contentos con eso, ERC también plantea «establecer mecanismos de reparación moral y económica» para las supuestas víctimas, incluyendo asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico. Todo ello, claro, con dinero público.
El detonante de esta ofensiva ha sido el documental Et faran un home (Te harán un hombre), emitido el pasado mes de diciembre y que, según la versión de los separatistas, recoge abusos cometidos contra miles de jóvenes durante el servicio militar obligatorio. Tras la emisión, ERC preguntó a la Generalidad por las acciones emprendidas al respecto. La respuesta del Ejecutivo autonómico fue clara: no tienen constancia de los hechos relatados y se desvinculan de cualquier gestión, al tratarse de cuestiones del pasado.
Pero la respuesta no ha sido suficiente para ERC, que ahora presiona al Gobierno central para que «reconozca y repare los abusos documentados», denunciando un supuesto «patrón de impunidad y negligencia institucional» por parte de las autoridades militares y civiles.
