El acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa podría estar generando tensiones y malentendidos en las primeras horas, especialmente en lo que respecta a los compromisos de financiación. La portavoz de la formación separatista, Raquel Sans, ha subrayado que la verdadera negociación no se realizó con el equipo de Illa, sino directamente con el de María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno de España. Esto quedó patente cuando Sans afirmó que Montero era plenamente consciente de lo que había suscrito en materia económica.
La controversia central gira en torno a la naturaleza del acuerdo financiero. A pesar de que Montero ha negado repetidamente que se trate de un «concierto económico» similar al que tienen el País Vasco y Navarra, en ERC insisten en que, aunque no se utilicen esas palabras, el modelo acordado es una variante de dichos regímenes especiales. Esta discrepancia semántica ha generado malestar, no solo en ERC, sino también entre otros barones del PSOE, que entienden esta financiación singular como un trato preferencial para Cataluña.
Las declaraciones de Montero, en las que ha negado categóricamente que se trate de un concierto económico, han sido vistas con escepticismo por parte de su aliado separatista, que advirtió de que si el PSOE no cumplía lo pactado, retirarían su apoyo al gobierno. Esta amenaza cobra especial relevancia dada la necesidad del PSOE de contar con el respaldo de ERC para la aprobación de futuras iniciativas, como los Presupuestos Generales.
Además, las palabras de Montero han provocado que el acuerdo se vea como un posible engaño, lo que ha sido aprovechado por Junts para criticar a Esquerra y al PSOE. La formación liderada por Carles Puigdemont ha señalado que el «concierto económico» fue un tema crucial en la decisión de la militancia de ERC de apoyar la investidura de Illa, lo que ahora podría interpretarse como una manipulación deliberada.
