En medio del escándalo por las presuntas actividades ilícitas de la empresa tecnológica Sortis S.L. en el llamado caso Koldo, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, aprobó en octubre de 2024 una subvención de 24.000 euros a esta compañía. La ayuda fue otorgada bajo la convocatoria de Red.es para apoyar la contratación de servicios de asesoramiento en transformación digital, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Sortis S.L. se encuentra en el centro de una trama que salpica al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, quien también fue jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez. La empresa está acusada de pagar comisiones en efectivo a Koldo García, intermediario clave en este caso, para conseguir contratos públicos durante la pandemia. Según Víctor de Aldama, presunto comisionista y pieza central de la trama, Sortis firmó un contrato el 1 de julio de 2021 con Deluxe Fortune S.L., una de las empresas de Aldama, para encubrir los pagos ilícitos.
Además, Aldama asegura que Koldo García percibió 10.851 euros de Instalibero District, otra empresa vinculada a Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis S.L. Ese mismo año, Sortis consiguió un contrato con Correos por más de dos millones de euros, decisión que fue duramente criticada por sindicatos como Comisiones Obreras, que denunciaron una adjudicación «a dedo». La polémica se intensificó por la existencia de una filial de Sortis en Panamá, un país considerado paraíso fiscal por la Unión Europea, aunque no por España.
En su defensa, Serrano ha declarado que los contactos con Aldama se justificaban porque este último era entonces consejero de Globalia, una de las principales aerolíneas de España, y no había razones para sospechar de su implicación en actividades irregulares. Sin embargo, informes posteriores revelaron que Serrano y Aldama mantuvieron reuniones para explorar la entrada de Correos en Brasil, lo que ha generado nuevas dudas sobre el uso de recursos públicos.
El caso ha reavivado las críticas hacia el Gobierno, que hace apenas dos meses aprobó la subvención de 24.000 euros a Sortis, a pesar de que su nombre ya estaba vinculado a investigaciones por corrupción. Este episodio se suma a la creciente controversia sobre los vínculos entre instituciones públicas y empresas con conexiones cuestionables.
