El pasado 7 de mayo, Pedro Sánchez afirmó desde el Congreso de los Diputados que «en España no hay uranio» para justificar su rechazo a las energías nucleares. Sin embargo, lejos de ser uno de los países de Europa con más reservas, contamos con una empresa pública llamada Enusa dedicada a este elemento químico llena de consejeros del PSOE.
ENUSA Industrias Avanzadas S.A., una compañía estatal clave en la cadena de suministro de combustible nuclear, ha sido objeto de creciente controversia no por su desempeño técnico, sino por la politización de sus nombramientos. Bajo los distintos gobiernos del Partido Socialista, especialmente desde 2018, sus puestos de dirección han sido ocupados por personas afines al partido, muchas de ellas sin formación ni experiencia en el sector energético.
Esta empresa gestiona actividades esenciales como la adquisición de uranio enriquecido, la fabricación de elementos combustibles y la gestión ambiental de antiguas minas. Su papel es vital para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en España, pero la falta de criterios profesionales en la selección de sus altos cargos ha generado una pérdida de confianza en su gestión.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de José Vicente Berlanga, filósofo de formación y vinculado políticamente al exministro José Luis Ábalos, quien presidió ENUSA durante más de tres años pese a no contar con experiencia en el sector energético. Su mandato se extendió hasta 2021, percibiendo más de 700.000 euros en ese tiempo. A su salida le sucedió Mariano Moreno, histórico militante socialista sin trayectoria técnica en energía nuclear, nombrado tras el Congreso Federal del PSOE con un salario superior a los 240.000 euros anuales.
Estos ejemplos no son excepciones. Según diversas fuentes, al menos una decena de cargos relevantes en ENUSA han sido ocupados por personas relacionadas directamente con la estructura orgánica del PSOE, sin concursos públicos ni criterios de mérito objetivos, algo que choca con lo estipulado por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que exige nombramientos basados en la capacidad profesional.
En paralelo, el debate sobre la viabilidad y conveniencia de la energía nuclear ha vuelto con fuerza tras el apagón que afectó a gran parte del país el pasado 28 de abril. Diversos expertos del sector energético han remarcado que las centrales nucleares aportan estabilidad al sistema eléctrico y pueden actuar como un escudo frente a cortes inesperados de suministro. Sin embargo, el Gobierno mantiene su hoja de ruta para clausurar progresivamente estas instalaciones.
Una de las razones esgrimidas por el presidente Sánchez ha sido la supuesta inexistencia de recursos de uranio en el territorio nacional, lo cual se ha demostrado incorrecto. Según el Libro Rojo del Uranio, elaborado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Agencia Internacional de la Energía, España dispone de más de 28.000 toneladas de uranio técnicamente recuperable, con yacimientos localizados en regiones como Salamanca y Badajoz, donde antiguamente operaron minas como Saelices el Chico y La Haba.
