El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que elabora la ONG Transparencia Internacional, ha situado a España diez puestos por debajo que hace tan sólo un año, reflejando un deterioro notable en la percepción de la corrupción en el sector público. España pasa del puesto 36 en 2023 al 46 en 2024 de un total de 180 países evaluados, cayendo así en el principal ranking mundial que mide la integridad gubernamental.
El informe de 2024 otorga a España una puntuación de 56 sobre 100, una caída de cuatro puntos respecto al año anterior. Aunque sigue superando la media global de 43 puntos, esta calificación sitúa al país dentro del grupo de ‘democracias defectuosas’, según la categorización de Transparencia Internacional, que utiliza datos de 13 fuentes, incluyendo el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
En el contexto de la Unión Europea, España ocupa ahora el puesto 16, por debajo de la media de los Veintisiete. Este retroceso posiciona al país detrás de naciones como Portugal, Ruanda y Botsuana, todas con 57 puntos, y Arabia Saudí con 59 puntos. España solo se sitúa ligeramente por encima de Fiji y Omán, que obtienen 55 puntos, y mantiene ventaja sobre países del entorno como Italia, Grecia o Polonia.
El informe llega en un momento marcado por numerosos escándalos de corrupción en España, incluyendo el caso Koldo y la compra de mascarillas durante la pandemia, las presuntas implicaciones del exministro José Luis Ábalos, y las acusaciones del empresario comisionista Víctor de Aldama. A estos se suman investigaciones en curso sobre el fiscal general del Estado y causas abiertas contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno.
Transparencia Internacional señala que, aunque no ha habido retrocesos significativos en el marco legislativo anticorrupción, tampoco se han registrado avances sustanciales. La falta de progreso a nivel nacional y el desmantelamiento de estructuras autonómicas dedicadas a la lucha contra la corrupción explican en parte el descenso en el índice. La ONG destaca el retraso en la transposición de 87 directivas europeas pendientes y la ausencia de una estrategia nacional anticorrupción y una legislación sólida sobre conflictos de interés.
