El Ministerio de Defensa ha cancelado el Sistema de Lanzamiento de Cohetes de Alta Movilidad (SILAM), un proyecto de 700 millones de euros que buscaba cubrir el vacío dejado hace más de una década por la retirada de los lanzacohetes Teruel, según informa Voz pópuli. El motivo: el veto impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez a toda transacción con la industria de Israel.
La ministra Margarita Robles lo confirmó en el Congreso: «A fecha de hoy, ya no hay ningún convenio, ningún contrato, ni ninguna relación para las Fuerzas Armadas con el Estado de Israel». En su departamento se trabaja en lo que llaman la «desconexión israelí«, un plan que afecta directamente a programas en fase de desarrollo como el SILAM.
Defensa había adjudicado el contrato a Rheinmetall Expal Munitions y EM&E, en una unión temporal de empresas, con un presupuesto estimado en 700 millones de euros. La solución elegida eran los lanzacohetes PULS, desarrollados por la firma israelí Elbit Systems. Con su cancelación, el Ejército de Tierra seguirá sin este sistema de apoyo de fuego con alcance de hasta 40 kilómetros, un recurso considerado fundamental en la defensa de posiciones.
Mientras España renuncia a esta capacidad, Marruecos ya ha incorporado a sus Fuerzas Armadas el sistema PULS, mostrando en vídeos oficiales sus lanzamientos. El reino alauí mantiene una estrecha cooperación militar con Israel desde los Acuerdos de Abraham, que le han reportado importantes beneficios: desde el respaldo de Washington a su plan sobre el Sáhara Occidental hasta el acceso a tecnología armamentística de primer nivel.
La sintonía entre Rabat y Tel Aviv ha convertido a Marruecos en la principal potencia militar del norte de África, en competencia directa con Argelia. Y ahora, mientras España frena su modernización militar por decisión política, Rabat consolida una ventaja estratégica con el mismo sistema que Defensa acaba de descartar.
Desde la jubilación de los lanzacohetes Teruel, el Ejército de Tierra lleva más de diez años sin esta capacidad. El SILAM era el proyecto destinado a cerrar ese vacío y poner a España al nivel de sus socios europeos. La decisión de Moncloa lo deja en papel mojado y obliga a buscar alternativas, en un contexto en el que la inestabilidad en el Magreb convierte la ausencia de este tipo de sistemas en un riesgo añadido para la seguridad nacional.
