Mientras el Gobierno guarda silencio sobre la supuesta trama de espionaje de los Mossos que afectaría a conocidas figuras constitucionalistas, son los propios afectados los que están dando la batalla en los tribunales para esclarecer los hechos.
Hace unos días se destapó la supuesta trama de espionaje liderada por algunos agentes de los Mossos d’Esquadra contra personalidades y políticos contrarios a la secesión catalana.
Entre los documentos que el Cuerpo autonómico intentó destruir en una incineradora a finales de 2017, había unos dossieres con los detalles de los seguimientos. Una vez hechas las pesquisas pertinentes, la Policía ha hecho llegar a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, un informe con las conclusiones.
Entre los supuestos objetivos figuran la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; expresidentes de SCC, abogados… hasta el presentador de televisión, Albert Castillón.
Silencio del Gobierno
Desde que se conocieran los detalles del presunto espionaje, el Gobierno se ha mantenido en absoluto silencio. Como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, los Mossos dependen directamente del Ministerio del Interior, y tienen como líder al número dos de Trapero, Ferrán López. La semana pasada López declaró como testigo ante la Audiencia Nacional por el operativo que se diseñó para evitar el 1 de octubre y afirmó, contradiciendo al coronel Pérez de los Cobos, que la coordinadora impuesta por el Gobierno conocía todo el plan. ¿Quién miente?
Retomando la cuestión del supuesto espionaje, el Ejecutivo de Rajoy no ha anunciado ninguna investigación, ni depuración de responsabilidades, ni nada semejante. Ni siquiera Juan Ignacio Zoido ha abordado de manera pública el tema.
Los particulares dan la batalla
Son los particulares afectados los que están dando la batalla en los tribunales para esclarecer si efectivamente han sido espiados. Por el momento, en juzgados de instrucción de Barcelona ya se han admitido cinco querellas contra los agentes implicados y los mandos o cargos políticos que lo habrían encargado.
Desde el despacho del abogado José María Fuster-Fabra han presentado cinco querellas que ya han sido admitidas a trámite por supuestos seguimientos e informes realizados por los Mossos: una del propio abogado; otra del exlíder de SCC José Ramón Bosch; otra del secretario general del sindicato de la policía catalana SPC, David José, y su hijo menor de 15 años; otra de su exmujer, y otra de la Plataforma Barcelona con la Selección.
La interpuesta el pasado jueves por el presentador Albert Castillón está pendiente de ser admitida a trámite, y esta semana ya se han anunciado nuevas acciones legales.
Un portavoz sindical de Policía, entre los denunciantes
El portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel, ha interpuesto este lunes una querella contrae los Mossos d’Esquadra, con lo que ya son siete los afectados que han denunciado al figurar sus nombres en archivos que se iban a incinerar.
En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, Miquel pide que se abra una investigación por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, descubrimiento y revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir delitos, después de que su nombre apareciese en un archivo sobre supuestos espionajes que los Mossos iban a calcinar el pasado 26 de octubre.
En el caso de David Miquel, el informe de la Policía Nacional remitido a Lamela, del que ha informado El Periódico, desvela que su nombre -«D.Miquel ¿? (SPC)»- figuraba en un organigrama a color con el supuesto entramado de la «denominada Operación Cataluña», conteniendo las fotografías de diversos políticos del PP, PSOE, periodistas, empresarios, detectives, comisarios del CNP y miembros de Sociedad Civil Catalana.
Cs pide una comisión de investigación
Ciudadanos ha solicitado en el Parlamento de Cataluña la creación de una comisión que investigue el «espionaje político» de los Mossos. Así lo ha anunciado el presidente de la formación, Albert Rivera, en rueda de prensa tras una reunión del Comité Permanente de la Ejecutiva nacional del partido.
Rivera ha advertido de que «en democracia es intolerable que un gobierno se dedique a hacer espionaje político, en este caso, además un gobierno autonómico que ni siquiera tiene competencias para ello y, por supuesto, mucho menos hacerlo por motivos políticos».
En su opinión, supone una «afrenta» al orden constitucional y al respeto a la intimidad de las personas.
Ha recordado que para que la comisión salga adelante es necesario el apoyo de tres grupos parlamentarios y ha dicho que espera contar con el del PP, PSC y Podemos. Los de Miquel Iceta ya anunciaron la semana pasada que apoyarán la Comisión una vez la legislatura eche a andar.
Concretamente, Cs quiere que se investigue en sede parlamentaria quién ordenó las investigaciones, si hay o no consecuencias penales y si hay documentación que acredite que se produjo el espionaje, quién va a asumir responsabilidades políticas por «semejante barbaridad».
Los insultos de los Mossos
Además de los supuestos casos de espionaje, desde que se ha hecho efectivo el artículo 155 algún agente ha seguido haciendo manifestaciones ofensivas hacia los españoles. Es el caso de Albert Donaire, fundador de la asociación ‘Mossos por la independencia’. El policía autonómico, en su último vídeo, ha cargado contra los manifestantes proTabarnia y se ha dirigido a ellos como ‘fascistas, homófobos y machistas’.
Esta bravuconada no tendría mayor importancia si la pronunciase un pobre indepe. Pero se trata de Albert Donaire, Mosso d´Esquadra, fundador y coordinador de la asociación «Mossos por la independencia», constituida como sectorial de la ANC. pic.twitter.com/xoljQ865TO
— Sheldon (@numer344) 4 de marzo de 2018
Y en otra de sus lamentables intervenciones criticó a los andaluces por ‘’trabajar sólo tres meses’’ y definió España como ‘’un cáncer terminal’’.¿Tienen cabida este tipo de mensajes de responsables públicos a sueldo del Estado al albor del artículo 155?
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