El 14 de febrero de 2016, la Policía Nacional de España celebró el Día de San Valentín con un tuit en el que afirmaba: «Si te ‘roba’ un beso no es delito. Feliz #SanValentín 💋». Casi una década después, este mismo acto, un beso «no consensuado», puede ser considerado una agresión sexual en los tribunales españoles.

Así ocurre en el juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien está acusado de besar «sin consentimiento» a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial Femenino 2023. El beso, que Rubiales calificó en su momento como «un gesto espontáneo y afectuoso», ha sido interpretado por la acusación como una agresión sexual y la Fiscalía solicita para él una pena de más de dos años de prisión por este hecho.

Este juicio pone en evidencia cómo ha cambiado la interpretación legal y social sobre este tipo de gestos en el contexto público. Mientras que en 2016 la Policía Nacional se refería a un «robo» de beso de forma trivial y festiva, hoy, en 2025, la Justicia española considera que un beso no deseado puede ser un acto de agresión sexual, con consecuencias legales graves.

Este cambio en la percepción y tratamiento legal de los besos no consensuados se debe en gran parte a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí». Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad bajo la dirección de la ahora eurodiputada Irene Montero, eliminó la distinción entre agresión y abuso sexual, considerando como agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona.

El caso Rubiales ha provocado un intenso debate sobre los límites del consentimiento, la interpretación de las normas de protección a la mujer y cómo la sociedad, en su conjunto, ha evolucionado en cuanto a la definición de lo que constituye una agresión sexual. El juicio, que sigue en curso, puede sentar un precedente en la forma en que se aborde legalmente este tipo de situaciones en el futuro.