La brecha entre la defensa de la identidad cultural europea y la política del Gobierno de Pedro Sánchez frente al islamismo se agranda. La semana pasada, Portugal dio el primer paso para prohibir el velo integral islámico (burka y niqab) en espacios públicos, sumándose a una tendencia que recorre Europa.
El Parlamento luso aprobó una propuesta de ley que veta cubrirse el rostro en lugares públicos –destinada a impedir el uso del burka– con sanciones de 200 a 4.000 euros. La iniciativa, impulsada por el partido soberanista y próximo a VOX, Chega, también prohibirá forzar a alguien a taparse la cara por motivos de género o religión, con excepciones sólo por razones de seguridad, salud, trabajo, arte o tradición. Portugal se une así a una lista creciente de países europeos que han adoptado leyes para restringir o prohibir el uso del velo integral, alegando razones de seguridad, secularismo y cohesión social.
Europa endurece las leyes contra el velo integral
Francia fue pionera en esta materia. En 2010 aprobó la ley que prohíbe ocultar el rostro en el espacio público, en vigor desde abril de 2011. La norma gala veta cualquier prenda que impida la identificación facial en la vía pública –incluidos burka y niqab– invocando el principio de la laicidad del Estado y la seguridad ciudadana. Quien la infringe se expone a multas de hasta 150 euros. Esta medida, ratificada en 2014 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, marcó el camino para otros países.
Bélgica siguió el ejemplo francés en 2011 con una legislación similar. La ley belga, vigente desde julio de 2011, prohíbe el uso de velo integral en cualquier lugar público y establece multas de 15 a 25 euros e incluso penas de hasta siete días de cárcel por incumplimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en 2017 esta prohibición, considerando legítimos objetivos de convivencia social y seguridad.
Países que tradicionalmente han impulsado políticas de fronteras abiertas también han impuesto límites. Austria adoptó en 2017 la prohibición del velo integral en todos los espacios públicos, con multas de hasta 150 euros a los infractores. Esta medida se enmarcó en políticas de laicidad e integración impulsadas por Viena, que incluso incluyeron vetar el pañuelo islámico a niñas en colegios (aunque este último punto fue luego anulado por la justicia).
Con dificultades, Dinamarca implementó su propia “ley anti-burka” en 2018. La norma danesa prohíbe llevar el rostro cubierto en espacios públicos y fija multas que van desde 1.000 coronas (unos 130 €) en la primera infracción hasta 10.000 coronas (unos 1.300 €) en casos de reincidencia. El Gobierno justificó la medida por motivos de seguridad y cohesión social, subrayando la necesidad de facilitar la identificación y la interacción cívica. Aun así, la ley enfrentó protestas de grupos feministas y defensores de derechos civiles, que la tildaron de discriminatoria, si bien permanece vigente.
También Países Bajos optó por una restricción parcial. Desde 2019 rige en territorio neerlandés una ley que prohíbe cubrirse el rostro en instituciones públicas, hospitales, escuelas y transporte público. En la calle el velo integral sigue siendo legal, pero no puede usarse en esos espacios esenciales de interacción social. Las autoridades de los Países Bajos presentaron la norma como una cuestión de seguridad y convivencia, aunque su aplicación práctica ha sido compleja, incluso con resistencias de parte de conductores de autobús y funcionarios reticentes a denunciar a las mujeres con niqab.
Por su parte, Suiza dio voz a su ciudadanía: en 2021 aprobó mediante referéndum la prohibición de cubrirse el rostro en espacios públicos a nivel nacional. La medida suiza, ahora integrada en su legislación federal, prevé multas de hasta 1.000 francos suizos (unos 1.000 €) para quienes oculten su rostro en público. Aunque el texto legal no menciona específicamente prendas islámicas, la campaña que condujo al referéndum tuvo como blanco declarado el niqab y el burka. La norma –justificada en términos de seguridad e identificación personal– ha sido criticada por ONG internacionales, pero permanece en vigor respaldada por la mayoría de la población.
En Europa del Este también se han tomado medidas firmes. Bulgaria impuso su propia prohibición en 2016, vetando por ley el uso de vestimentas que oculten parcial o totalmente el rostro en lugares públicos. Las excepciones sólo aplican por motivos de salud o profesionales. La primera infracción conlleva una multa de 200 leva (unos 100 €) y las posteriores hasta 1.500 leva (unos 770 €). El gobierno búlgaro defendió esta ley como necesaria para proteger la identidad nacional y garantizar la seguridad pública, presentándola además como una acción preventiva frente a posibles radicalismos en el futuro. Pese a que la comunidad musulmana es minoritaria en Bulgaria, la prohibición fue bien recibida por amplios sectores como un refuerzo a la cohesión social.
En Noruega, la estrategia ha sido más laxa: desde agosto de 2018 se prohíbe el velo integral sólo en el ámbito educativo. La restricción noruega aplica en todas las guarderías, colegios, institutos y universidades, tanto para estudiantes como para personal docente, públicos o privados. Oslo arguyó motivos pedagógicos: el niqab dificulta la comunicación entre alumnos y profesores y merma la calidad de la enseñanza. Fuera de las aulas, sin embargo, Noruega no extiende la prohibición a otros espacios, situándose así entre los países europeos con regulación más limitada geográficamente.
Finalmente, Italia –pese a tener una importante tradición católica y preocupaciones sobre el islamismo– no cuenta aún con una ley nacional que prohíba el burka. Sin embargo, se apoya en legislación general ya existente: una ley de 1975 (derivada de normas anti-terroristas) prohíbe cubrirse el rostro en lugares públicos sin motivo justificado, lo que de facto puede aplicarse al velo integral. Adicionalmente, varias regiones y municipios italianos han dictado ordenanzas locales contra el burka; Lombardía y Véneto, por ejemplo, vetan el velo integral en hospitales y edificios públicos desde 2015. Las fuerzas políticas conservadoras han buscado endurecer este marco: en 2011 se llegó a proponer una ley nacional con penas de hasta un año de prisión y 30.000 € de multa por llevar burka en público, aunque no prosperó. Ahora, con un gobierno soberanista, Italia retoma el pulso: este octubre de 2025, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) presentó un proyecto de ley para prohibir el velo integral en todos los lugares públicos, incluidos centros educativos, comercios y oficinas. La propuesta italiana prevé sanciones administrativas de 300 a 3.000 euros por infringir la norma. Sus impulsores la justifican para salvaguardar el orden público y evitar la formación de “enclaves” regidos por la sharía, así como para defender la dignidad de la mujer frente a imposiciones fundamentalistas.
En todos los casos, las autoridades han invocado argumentos que van desde la neutralidad religiosa del Estado (laicidad) y la identificación personal, hasta la integración social y la convivencia. Cabe destacar que estas prohibiciones se enfocan sobre todo en el burka y el niqab, que cubren el rostro por completo o en gran parte, pero no afectan al hiyab (pañuelo que deja el rostro visible). De hecho, incluso en países con vetos estrictos, el hiyab no está sujeto a tales restricciones por no impedir la identificación facial.
Cesiones de España a la Comisión Islámica
Mientras Europa refuerza las prohibiciones del velo integral en nombre de sus valores, el Gobierno de Sánchez ha tomado el rumbo contrario. No existe en nuestro país ninguna ley estatal que prohíba el burka o el niqab en espacios públicos. Por el contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en ceder ante las demandas islamistas, implementando políticas que adoptan postulados de la Comisión Islámica de España. Este organismo, que actúa como interlocutor de la comunidad musulmana ante el Estado, ha presionado con éxito para introducir en España medidas opuestas a la tendencia europea, amparándose en principios de diversidad religiosa.
En enero de 2025, la Comisión Islámica elevó un informe al Ejecutivo sobre «la situación del ciudadano musulmán en España», donde planteó una serie de exigencias. Entre ellas, solicitó permitir en todos los colegios, públicos y privados, el uso de prendas para la cobertura del cabello por motivos religiosos o de salud —es decir, garantizar el derecho a llevar hiyab en clase— siempre que el rostro permanezca totalmente descubierto desde la línea del pelo hasta el mentón. Dicho de otro modo, reclamaron que se acepte el pañuelo islámico en las aulas, subrayando que el óvalo facial debe quedar visible para no entorpecer la identificación personal. Esta petición se sustenta, según la Comisión, en la Ley Orgánica de Educación, que exige respetar el principio de no discriminación y la inclusión educativa de los alumnos de cualquier confesión. El Gobierno de Sánchez, lejos de mostrar reparos, ha dado por buena la presencia del velo islámico en las escuelas españolas, no impulsando ninguna restricción al mismo. De hecho, representantes del Ministerio de Educación se han reunido con la Comisión Islámica para «valorar» estas propuestas, en un gesto interpretado como beneplácito hacia la incorporación del hiyab en las aulas.
Otra de las demandas clave de la Comisión Islámica fue la implantación de menús halal en los centros educativos públicos, de forma que los alumnos musulmanes puedan respetar los preceptos de su religión también en el comedor escolar. En su informe, la entidad solicitó literalmente que «el servicio de comedor facilite, en la medida de lo posible, que los usuarios puedan respetar la alimentación de su confesión». Apenas unos meses después, el Gobierno central atendió esta exigencia cambiando la normativa española. En abril, el Ejecutivo de Sánchez aprobó el Real Decreto 315/2025 que modifica la regulación de los comedores escolares, estableciendo la obligatoriedad de ofrecer menús especiales por motivos religiosos o éticos. Esta reforma introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento la referencia explícita a dietas religiosas en las escuelas, algo que la ley anterior de 2011 no contemplaba. En la práctica, supone garantizar por ley la opción halal en todos los colegios que lo requieran, satisfaciendo así la reclamación de la Comisión Islámica.
Los efectos de esta decisión ya se notan sobre el terreno. En Ceuta, una de las dos ciudades autónomas con mayor población musulmana, el Ministerio de Educación (que conserva allí competencias directas) ha impuesto menús 100% halal en seis colegios públicos. Según el contrato oficial publicado, en esos comedores escolares toda la carne debe ser halal y se prohíbe utilizar cerdo, adaptando completamente la dieta a los preceptos islámicos. Esto significa que incluso los alumnos no musulmanes de esos centros quedan sujetos a un menú sin cerdo por disposición del Gobierno central. La medida, justificada bajo criterios de salud y respeto cultural, se alinea plenamente con las demandas de la Comisión Islámica, pero ha generado polémica entre quienes la consideran una imposición de normas islámicas al conjunto de la comunidad escolar. No en vano, para muchos padres y observadores críticos, obligar a retirar el cerdo del menú equivale a supeditar las costumbres locales mayoritarias a las prescripciones de una religión minoritaria.
Casi dos millones en subvenciones al islamismo organizado
No sólo en el terreno simbólico se refleja esta cesión del Estado español. También en el económico: la Comisión Islámica de España, artífice de estas exigencias, ha sido beneficiaria de crecientes subvenciones públicas en los últimos años.
Según datos oficiales del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, esta entidad islámica –que busca introducir las tradiciones musulmanas en los centros escolares– comenzó a recibir fondos estatales en 2021, con Pedro Sánchez ya en el poder. Aquel año, el 4 de junio de 2021, la Comisión Islámica obtuvo su primera partida de dinero público: 21.000 euros mediante concesión directa, ordenada personalmente por ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde entonces, las arcas públicas han seguido regando a esta organización de forma periódica. En total, suma más de 1,7 millones de euros en subvenciones a fondo perdido desde 2021. Estas ayudas han llegado vía distintos ministerios y acuerdos: convenios con el Ministerio de Educación (por ejemplo, 65.000 euros otorgados en 2021 para «fomentar las relaciones institucionales» en materia de enseñanza religiosa islámica en Ceuta), y partidas anuales del Ministerio de la Presidencia dentro de los fondos para confesiones minoritarias. Estas operaciones se han repetido cada ejercicio: en 2024, por citar otro año, el Gobierno entregó 430.960 euros adicionales a la Comisión Islámica desde Presidencia, más 95.000 euros vía convenio educativo en Ceuta y 21.000 euros desde Interior para asistencia religiosa en prisiones.
El flujo de dinero público hacia esta entidad –1,7 millones de euros en menos de cuatro años– ha despertado suspicacias. Voces críticas señalan que el Gobierno está financiando con generosidad a la misma organización que presiona para islamizar ciertas prácticas en España. En otras palabras, acusan al Ejecutivo de alimentar económicamente a un lobby islamista nacional a cambio de paz social o rédito político, en lugar de defender con firmeza los valores occidentales como hacen sus homólogos europeos. No hay constancia, además, de contraprestaciones claras por parte de la Comisión Islámica por esos fondos, al tratarse de subvenciones sin contraprestación. Todo ello abona la percepción de una España permisiva y dócil ante el islamismo, justo cuando el resto de Europa endurece su postura para preservar su identidad.
