A partir de ahora, muchas comunidades autónomas quedarán fuera de la cobertura económica de Bruselas.
Con toda probabilidad, desde este 2018 España se va a convertir en contribuyente neto de la Unión Europea. Es decir: que va a recibir menos dinero del que entrega a Bruselas.
La razón es que la Comisión Europea – el ejecutivo – quiere ver incrementados los recursos propios, es decir, los ingresos que cada estado asigna a la UE en sus presupuestos generales. El impacto de esta decisión puede ser de trascendencia para cada uno de los estados miembros, pero seguramente España se va a ver afectada en mayor proporción que otros.
Una situación difícilmente reversible
No es la primera vez que nuestro país entrega a la UE más dinero del que recibe de esta. Ya en 2014 y 2016 el saldo fue negativo, aunque el pasado año tuvimos un balance ligeramente favorable. Las previsiones para el actual ejercicio son nuevamente negativas, y esta vez parece difícil que, como ocurrió en anteriores ocasiones, pueda alterarse la situación en un lapso de tiempo razonable. Además, las políticas migratorias tampoco son ajenas a dicho incremento presupuestario, aunque tratan de no incluirlas en el debate público.
La justificación que esgrime la Comisión es que la salida del Reino Unido deja un agujero de 10.000 millones de euros que hay que cubrir. Pero la verdad es que la Comisión ya había decidido en 2013, antes del Brexit, el alza que ahora se anuncia, si bien no se había hecho público a causa de la crisis, y que hará pasar la aportación al conjunto de la Unión del 1% del PIB al 1.2% de las economías nacionales.
La situación se presenta como difícilmente reversible para España tanto por lo anteriormente expuesto, como por el hecho de que la ampliación de la propia unión juega en contra de los intereses españoles. Así, el PIB español pasó de representar el 96% de la media europea en el año 2000, a alcanzar un 103% en 2006 causa de la entrada de nuevos estados en la UE: Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Chipre, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa, a los que en 2007, se sumarían Rumanía y Bulgaria, y en 2013, Croacia. La filiación masiva de estos países, todos ellos de inferior PIB per cápita al español, ha hecho descender el nivel necesario para alcanzar la media de la unión. Pero la situación española no ha mejorado.
Los recortes
Las mayores partidas presupuestarias de la UE se dedican a la Política Agraria Común, en primer lugar, y después a los Fondos de Cohesión. Así que es de ellas de donde más se va a recortar, hasta unos 40.000 millones de euros. El país más afectado, en términos absolutos, será España.
Y lo será porque España se ha beneficiado hasta el momento de esos fondos, que impulsan una cierta homogeneización del espacio europeo a fin de disminuir las grandes diferencias entre unas zonas y otras. Durante los decenios anteriores, grandes partidas presupuestarias han apuntalado el desarrollo español sobre todo en infraestructuras, algo lógico ya que nuestro país estaba destinado a vivir un desarrollo del sector servicios en detrimento de la economía real.
Es decir, que España cambió su modelo productivo para desarrollar una economía mucho más dependiente y, como ha revelado la propia evolución del sistema, precaria. A modo de compensación, si es que cabe hablar de tal cosa, ingresó grandes sumas de los fondos de cohesión, sobre todo en los primeros años, pero todavía entre 2007 y 2013, los gobiernos de Madrid recibieron 26.600 millones de euros.
La Comisión Europea calcula que dichos fondos sirvieron para la creación de 75.000 puestos de trabajo, la construcción de 763 kms, de vías ferroviarias y más de 500 de carreteras.
Crisis y estancamiento
La función teórica de los fondos de cohesión era la de evitar traumas en la adaptación de la economía productiva a la nueva perspectiva globalizadora. Pero solo ha servido a medias para este propósito, más que nada por la manifiesta ineptitud de la clase política española, aunque también han jugado su papel la corrupción y el clientelismo característico del sisema autonómico.
Además, desde hace tiempo, España ha dejado de acercarse a Europa en términos de convergencia económica y social. El último año antes de la crisis, 2007, la ratio PIB per cápita alcanzó su culmen, llegando al 103% de la media comunitaria. A partir de entonces, la crisis golpeó el conjunto de la unión aunque, fruto del modelo económico, España la sufrió de un modo más agudo que los principales países de la UE. Al año siguiente, 2008, el PIB per cápita descendió hasta el 101%, continuando su hundimiento hasta el 92% de 2016. En este momento, se encuentra a 14 puntos de la eurozona, por debajo del de Malta.
Otros datos, que en cierto modo reflejan mejor la situación real, como el del consumo per cápita, arrojan un saldo aún peor. De acuerdo al mismo, España se encuentra en un 89% de la media comunitaria. En este caso, la diferencia con la eurozona asciende hasta los 16 puntos.
Como el cangrejo
La evolución de la situación española no puede ser calificada de satisfactoria por ningún concepto. Los últimos años han supuesto un retroceso claro en el proceso de convergencia, hasta volver a la situación de 1998, antes de la creación de la zona euro. Y eso que la moneda única contribuyó a abaratar los costes de financiación de la economía española que, a corto plazo, se benefició de ello.
Sin embargo, cuando se constituyó la eurozona en 1999, España estaba a la cola, junto con Portugal, en renta por habitante, y desde entonces su situación sigue siendo la misma.
Por tanto, podemos considerar que las dos últimas décadas han sido un tiempo perdido, en el que incluso hemos experimentado un retroceso. El que no hayamos sido capaces de sacar verdadero partido de la situación, representa una ocasión perdida que difícilmente volverá a presentarse.
Sin embargo, y para ser justos, en términos generales, la situación no ha mejorado no desde hace dos, sino desde hace cuatro décadas. Aunque se ha ocultado por poderosas razones ideológicas, la verdad es que hoy España está más lejos de Europa que en 1975.
De dónde venimos
Lo que el discurso oficial nos oculta es que, si España pudo ingresar en la Europa comunitaria, no fue gracias al desarrollo alcanzado en los años que sucedieron a la muerte de Franco, que fueron de claro retroceso en nuestro acercamiento a Europa. Echemos la vista atrás.
En 1960, la renta per cápita nacional no llegaba al 60% de la europea. Pero el crecimiento entre esa fecha y 1975 fue el más alto de la historia de España: una media del 6.7% anual, la segunda del mundo, tras Japón. El Mercado Común crecía, para entonces, apenas al 4%. Para el año de la muerte de Franco, la convergencia con este era del 80% (según el baremo que se emplee, puede llegar hasta el 82%.).
Al entrar en la Unión en 1986, se habían perdido casi nueve puntos de convergencia: España estaba en un 71% con respecto a la media europea. No fue sino hasta 1998 que se consiguió alcanzar las cifras de 1975, con lo que esas dos décadas supusieron un claro retroceso. Y ese cálculo puede considerarse optimista, puesto que la convergencia de 1975 se refería a los países fundadores del Mercado Común, mientras que los porcentajes posteriores incluyen países de menor nivel económico.
Los más pobres
A partir de ahora, muchas comunidades autónomas quedarán fuera de la cobertura económica de Bruselas. De acuerdo a las estimaciones de la Comisión, tienen el estatus de regiones menos desarrolladas aquellas cuyo PIB per cápita sea inferior al 75% de la media de la UE. Cuatro comunidades entran en ese rango: Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla- La Mancha; y, aunque con menor cuantía, las regiones entre el 75% y el 90% del PIB per cápita de la UE, también reciben fondos, lo que afecta a Canarias, Castilla-León y la Comunidad Valenciana, las llamadas “regiones en transición”. Todas ellas ven ahora puesta en duda su financiación.
Hasta este momento, tres cuartas partes de lo recibido ha ido a parar a estas “regiones menos desarrolladas”, donde el gasto por persona ha sido cinco veces superior al del resto; por tanto, serán las regiones más perjudicadas por la nueva situación.
Para España, este recorte llega en el peor momento posible, si es que hay alguno bueno. En medio de una conflictividad territorial extendiéndose por medio país, la pérdida de atractivo de la UE puede complicar la situación, lo que hay que sumar a la enorme deuda y a la tremenda presión fiscal sobre asalariados y autónomos (en el horizonte, podría comenzar a dibujarse una nueva subida de impuestos).
Por supuesto, no puede ocultase la tremenda responsabilidad de los sucesivos gobiernos de Madrid, pero tampoco es extraño que empiece a ser visto como un dudoso negocio pertenecer a un club en las actuales condiciones que nos están siendo impuestas.
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