A pesar del fuerte descenso registrado en el conjunto de la Unión Europea, España se consolidó en 2025 como el país que más solicitudes de asilo recibió en todo el bloque comunitario. Con 141.035 expedientes —según Eurostat—, nuestro país representó el 21,1% del total europeo y superó con claridad al segundo país en peticiones, Italia (126.635).
Según los datos oficiales publicados por Eurostat este mes de abril, la UE registró 669.400 primeras solicitudes de asilo en 2025, lo que supone un descenso del 27% respecto a 2024. España, aunque redujo sus propias solicitudes un 14,7% respecto al año anterior, mantuvo un volumen muy superior al del resto de socios comunitarios.
Por su parte, los datos nacionales del Ministerio del Interior consultados por LA GACETA, elevan el total de solicitudes presentadas en España a 144.396. De ellas, Venezuela concentró 85.413 solicitudes, es decir, casi el 59% del total nacional. Le siguen a gran distancia Mali (16.004), Colombia (14.524), Perú (3.511) y Senegal (3.333).
Un análisis por origen continental de estas solicitudes permite obtener una imagen estadística clara de los flujos ilegales que llegan a España. Aproximadamente el 72% de las solicitudes corresponde a nacionales de países hispanoamericanos (fundamentalmente Venezuela, Colombia y Perú), un perfil que accede al territorio español mayoritariamente por vía aérea, a través de vuelos comerciales regulares. Por su parte, el contingente procedente del continente africano (encabezado por Mali y Senegal) representa alrededor del 15-18% y llega, en su inmensa mayoría, de forma ilegal por vías marítimas a bordo de pateras. El resto se reparte entre otros países de Asia, entre los que destaca Pakistan.
Este dato es clave porque, según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, las solicitudes de asilo actúan como un termómetro fiable que permite evaluar de forma bastante precisa el volumen total de inmigración ilegal que entra en España. La mayoría de los inmigrantes que acceden de forma ilegal al país acaban solicitando protección internacional, lo que convierte estas cifras en una métrica anual precisa que cubre más del 90% del flujo real de la inmigración ilícita que recibe nuestro país a través de vías aéreas, terrestres y marítimas.
La concentración geográfica dentro de España también es reveladora. Madrid capitalizó 43.585 solicitudes (más del 30% del total nacional), seguida de Andalucía (20.013), Cataluña (17.206), Canarias (7.825) y Galicia (7.095). La Comunidad de Madrid sola gestionó prácticamente el mismo volumen que el segundo y tercer destino juntos.
Desde el punto de vista de la gestión, esta realidad genera una presión significativa sobre los recursos públicos. España concedió 76.210 estatutos de protección en 2025 (incluyendo razones humanitarias), según Eurostat, y las resoluciones a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) muestran un elevado número de protecciones otorgadas a venezolanos (tasa de protección del 98,78%). Además, a 31 de diciembre de 2025 quedaban 97.275 solicitudes pendientes de admisión a trámite y 121.456 pendientes de resolución, lo que evidencia un importante atasco administrativo.
El contraste con el resto de Europa es evidente. Mientras la UE consiguió reducir casi un tercio sus solicitudes, España —aunque también bajó— sigue siendo el principal destino y con un perfil muy específico. Esta situación reabre el debate sobre la eficacia de las políticas migratorias, la atracción que ejerce nuestro país sobre determinados flujos y la necesidad de reforzar los controles en origen y en las fronteras exteriores.
En un contexto europeo de contención generalizada, la posición de España como líder absoluto en solicitudes de asilo plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de acogida y sobre la capacidad real del país para absorber este volumen sin comprometer la calidad de la atención ni la agilidad de los procedimientos. La combinación de un alto porcentaje de llegadas regulares desde Hispanoamérica —con la clara intención de materializar una estancia ilegal indefinida— con el flujo ilegal desde África genera un reto complejo que exige una respuesta coordinada, determinante y realista.
