España registró en 2025 el repunte más fuerte de toda la Unión Europea en solicitudes de asilo de menores no acompañados (menas). Mientras el conjunto del continente redujo estas peticiones un 38,9%, nuestro país vio cómo se disparaban un 252,7%. Los datos oficiales publicados por Eurostat este mes de abril son claros. España recibió 3.210 solicitudes de asilo de menas en 2025, lo que representa el 15% del total europeo (21.125). Esto sitúa a nuestro país como el tercer receptor en volumen absoluto, solo por detrás de Alemania y Países Bajos.
A nivel europeo, las principales nacionalidades de estos menores no acompañados son afganos (2.690 solicitudes), eritreos (2.345), sirios (2.330), egipcios (2.295) y somalíes (2.290). Se trata de un perfil mayoritariamente de origen asiático y africano subsahariano. España, sin embargo, no publica un desglose oficial por nacionalidad específico de los menas solicitantes de asilo. Estos datos particulares suelen aparecer más tarde en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. No obstante, según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, la inmensa mayoría de estos menores son de origen magrebí y subsahariano, un perfil que coincide con los flujos ilegales detectados en las rutas marítimas hacia Canarias y el Estrecho.
Este incremento exponencial plantea un desafío específico de enorme envergadura. Los menas requieren tutela por parte de las comunidades autónomas, plazas en centros especializados, asistencia psicológica, escolarización obligatoria y procedimientos adaptados de determinación de edad y protección, con el consiguiente elevado gasto público. El volumen se ha multiplicado por más de tres en solo doce meses, mientras el resto de Europa reduce drásticamente sus cifras.
Según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, las solicitudes de asilo de menas forman parte del mismo termómetro fiable que mide el flujo total de inmigración ilegal. La práctica totalidad de los menores que llegan sin acompañamiento acaban presentando protección internacional, lo que permite obtener una métrica anual precisa de los inmigrantes ilegales que han accedido anualmente dentro de este perfil.
La presión recae principalmente sobre las administraciones autonómicas, que asumen la tutela y el sostenimiento de estos inmigrantes. Los centros de acogida especializados, los servicios de integración y los programas educativos se ven desbordados en varias comunidades, con un coste económico y logístico que crece de forma desproporcionada respecto a la tendencia europea. Este fenómeno genera una carga adicional sobre los recursos públicos y, en última instancia, sobre los contribuyentes españoles.
Este repunte se suma al liderazgo español en el conjunto de solicitudes de asilo. Mientras España concentra el 21,1% de todas las primeras solicitudes de la UE, se consolida también como uno de los destinos preferentes para inmigrantes menores de edad que cruzan ilegalmente nuestras fronteras. En un año marcado por la contención generalizada en Europa, España registra la evolución más llamativa del continente en materia de menas. Mientras la UE reduce casi un 39% la llegada de menores no acompañados, España atrae un flujo que se ha disparado de manera exponencial.
