La Fiscalía ha solicitado formalmente la imputación de la teniente de alcalde de Albaida del Aljarafe, la socialista Rocío López, —muy vinculada a la ex vicepresidenta y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero— en el marco de una investigación sobre un presunto fraude electoral vinculado a las elecciones municipales de 2019.
El Ministerio Público considera que existen indicios suficientes de posible responsabilidad penal en la gestión irregular de solicitudes de voto por correo, por lo que ha instado la práctica de diligencias adicionales, entre ellas una prueba caligráfica.
Según el escrito remitido al juzgado instructor, que publica este sábado The Objective, la investigación apunta a la tramitación anómala de al menos 32 solicitudes de sufragio. Estas habrían sido gestionadas de forma centralizada y, en algunos casos, vinculadas a un mismo domicilio particular. La Fiscalía subraya que este elemento constituye un factor relevante en el análisis del posible desvío de procedimientos administrativos ordinarios.
El origen de las actuaciones se encuentra en diversas declaraciones testificales, entre ellas la de un ciudadano que afirmó que su documentación electoral fue enviada a una dirección distinta a la suya. Este testimonio ha sido considerado por los investigadores como un indicio significativo para reconstruir el recorrido de las solicitudes de voto por correo.
La Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial, ha recabado información sobre posibles patrones de captación de votantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. De acuerdo con las diligencias, algunos testimonios apuntan a la existencia de incentivos laborales vinculados a la cesión de documentación personal necesaria para la tramitación del voto. No obstante, estos extremos se encuentran aún en fase de verificación judicial.
La Fiscalía sostiene que los hechos podrían encuadrarse en un posible delito electoral, sin perjuicio de la calificación definitiva que se derive de la instrucción. En este contexto, la solicitud de imputación se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho de defensa de la investigada y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Paralelamente, el juzgado ha acordado la práctica de pruebas periciales caligráficas para determinar la autoría material de las solicitudes bajo sospecha. Asimismo, se mantiene abierta la posibilidad de que las investigaciones se amplíen a otros ámbitos territoriales si se detectaran coincidencias operativas en los procedimientos analizados.
