El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez ha declarado que cuando llegó al cargo en 2008 continuó «con el procedimiento que estaba establecido» para otorgar las ayudas investigadas en el caso ERE y que la Intervención conocía que eran dadas por él y pagadas por la agencia pública IDEA.
Márquez no ratificó su declaración en 2012 ante la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, alegando que la hizo ante una «presión muy fuerte» durante «dos intensos días» y con constantes repreguntas por parte de la jueza.
Juan Márquez sucedió a Javier Guerrero -uno de los principales acusados en el caso ERE- entre 2008 y 2010 al frente de la Dirección General de Trabajo, el departamento de la Consejería de Empleo que concedía las ayudas sociolaborales investigadas.
La Audiencia de Sevilla le juzga, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por la creación y mantenimiento de un «procedimiento específico» por el que la Junta repartió entre 2001 y 2011 más de 850 millones en ayudas sociolaborales de forma «arbitraria» y para «eludir» el control administrativo, según el auto en el que el instructor cerró la investigación.
En su caso se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos.
En la sesión de este martes ha respondido a las preguntas de su abogado, Manuel Pérez Cuajares, y ha insistido en que se limitó a mantener el procedimiento usado por su antecesor para otorgar las ayudas ya que «nunca» recibió ningún reparo de la Intervención «ni ninguna manifestación de que estuviera actuando de manera irregular» ni de que hubiera «ninguna ilegalidad».
Ha asegurado que su antecesor estuvo ocho años dando las ayudas con el mismo sistema «con conocimiento del todo el mundo» en el Gobierno andaluz.
Campos desmiente a Ricardo Costa en Gürtel
El exvicepresidente valenciano Víctor Campos ha desmentido en el juicio al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa al negar que llevase las relaciones con empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente al partido o que le dijese que su sucesor, Vicente Rambla, se encargaría de ello.
Durante su declaración Víctor Campos también ha desmentido en varias ocasiones al extesorero del PP Luis Bárcenas, que declaró el pasado 13 de febrero como testigo, y ha dicho que nunca se reunió con él ni con su antecesor, Álvaro Lapuerta, en Valencia para recibir una donación de un empresario: «No he tenido ninguna reunión con Bárcenas ni Lapuerta».
El ex «número dos» de Francisco Camps en la Generalitat valenciana ha sido el primer testigo en declarar en la Audiencia Nacional en el juicio de diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 a través de la trama Gürtel.
Víctor Campos ha asegurado que no sabía que Orange Market, filial de la trama en Valencia, tenía una deuda con el PP regional y que «en absoluto» sugirió que la solución era girar facturas falsas a empresarios para saldarla.
Precisamente, fue Costa, con quien -según ha dicho- tenía «una amistad de muchos años», el que reveló en su declaración que Campos le enseñó «sobres con dinero en efectivo» de «empresarios que tenían relación con la Administración o que querían ayudar al partido y que era un encargo de Francisco Camps y Juan Cotino», expresidentes de la Generalitat y de las Cortes valencianas, respectivamente.
Pero este martes Campos ha recalcado que no se trataba de empresarios sino de «responsables de partido» o «afiliados» que le hacían llegar donativos «en algunas reuniones comarcales» y que se los entregó «en alguna ocasión» a la entonces gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, «para que lo ingresase en la cuenta legal del partido».
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