La familia espera que el Gobierno no pueda «culminar su propósito de vejar los restos de Franco en un acto de revanchismo retrospectivo sin precedentes en el mundo civilizado».
La familia de Francisco Franco ha advertido de que agotará los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos mortales de Francisco Franco, cuyo traslado ampara un real decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El BOE publica este sábado el real decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros y que permitirá exhumar al dictador al puntualizar que a partir de ahora el Valle de los Caídos será un «lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas» de la Guerra Civil donde «solo podrán yacer los restos mortales» de los fallecidos en la contienda.
El texto, que entra en vigor este domingo y modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007, declara «de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales» del dictador.
Esta decisión, según el real decreto, reúne los requisitos constitucionales de «extraordinaria y urgente necesidad» que habilitan al Gobierno de tomarla mediante real decreto, con la que se cumple una proposición no de ley del año pasado y los «reiterados requerimientos» de Naciones Unidas sobre este asunto.
«La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda», argumenta el texto.
El procedimiento que rige el real decreto establece una caducidad de doce meses a contar desde el inicio de los trámites a través de un acuerdo de incoación que adoptará el Consejo de Ministros el próximo viernes.
Sin colaboración de la familia
Dicho acuerdo designará un órgano instructor y dará 15 días a los interesados para que puedan personarse y presentar las alegaciones, así como a comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.
Para ello, el Ejecutivo podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación.
De existir «discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura».
Tras la publicación del real decreto, los nietos de Franco han emitido un comunicado en el que señalan que «bajo ningún concepto» colaborarán «activa o pasivamente» en la decisión del Gobierno.
Y añaden que se reservan la opción de agotar «todos los recursos legales» a su alcance, sin descartar ninguna otra acción legal que garantice sus derechos como «únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales» de su abuelo.
En ese sentido, la familia expresa su «confianza en los tribunales de justicia y en la legalidad vigente», desde su punto de vista «gravemente vulnerada» por el texto legal aprobado ayer, y «muy especialmente en la Comunidad Benedictina que tiene encomendada la custodia de los restos».
Los familiares recuerdan que dicha orden «ha manifestado que no accederá a ninguna exhumación en contra de la familia del difunto», por lo que esperan que el Gobierno «no podrá culminar su propósito de vejar los mismos en un acto de revanchismo retrospectivo sin precedentes en el mundo civilizado».
«Sin perjuicio de lo anterior, no permitiremos jamás que el Gobierno disponga de los restos de nuestro abuelo en la forma que tenga por conveniente, por lo que, si se produjera una exhumación de los mismos en contra de nuestra voluntad, exigiremos que se nos haga entrega de los mismos para proceder a darles cristiana sepultura», concluye la nota.
En una entrevista, uno de los nietos del dictador, Francis Franco, descartó la hipótesis de trasladar los restos a El Pardo, donde ya fue enterrada su abuela Carmen Polo, aduciendo motivos de seguridad.
El real decreto ha cosechado las críticas de Ciudadanos e Izquierda Unida.
El primer partido ha considerado que no se dan las «circunstancias formales» para utilizar el real decreto ya que la exhumación «se podría haber previsto» en 40 años, y pide una fórmula «más adecuada» para llevar a cabo la exhumación con «consenso».
Por su parte, Izquierda Unida (IU) ha considerado insuficiente el texto y ha pedido que se retire igualmente el cuerpo del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera y se convierta el complejo en un memorial dedicado a las víctimas de la dictadura.
El PSOE, por su parte, ha acusado al PP de utilizar «algaradas y cortinas de humo» sobre la exhumación para que «se deje de hablar de la corrupción en su partido».
En declaraciones a Efe, el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, ha opinado que la intención del Gobierno de exhumar a Franco es sólo el principio: «Después vendrá la demolición de la gran cruz y la expulsión de los benedictinos para convertirlo, finalmente, en un parque temático».
Puede leer aquí el comunicado íntegro de la Familia Martinez-Bordiú Franco:
«Ante la confusión creada por la tergiversación que algunos medios de comunicación han hecho de las declaraciones efectuadas por miembros de nuestra familia, nos vemos obligados, al objeto de evitar cualquier malentendido, a hacer las siguientes manifestaciones:
Primero: Bajo ningún concepto la familia MARTINEZ-BORDIU FRANCO colaborará activa o pasivamente con la inicua pretensión del Gobierno plasmada en el Real Decreto Ley aprobado ayer, reiterando por consiguiente nuestra más firme y unánime oposición a cualquier exhumación traslado de los restos de nuestro abuelo, D. Francisco Franco Bahamonde.
Segundo: en coherencia con lo anterior, en nuestra condición de interesados en el expediente de exhumación que se incoará mediante acuerdo del Consejo de Ministros del próximo viernes, haremos pública nuestra oposición agotando todos los recursos legales que están a nuestro alcance sin descartar cualesquiera otras acciones legales para impedir que se vulneren nuestros legítimos derechos en cuanto únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales de nuestro abuelo.
Tercero: Reafirmamos nuestra confianza en los tribunales de justicia y en la legalidad vigente -gravemente vulnerada por el Real Decretó Ley aprobado-así como, muy especialmente, en la Comunidad Benedictina que tiene encomendada la custodia de los restos de nuestro abuelo y ha manifestado que no accederá a ninguna exhumación en contra de la familia del difunto, por lo que esperamos que el gobierno no podrá culminar su propósito de vejar los mismos en un acto de revanchismo retrospectivo sin precedentes en el mundo civilizado.
Sin perjuicio de lo anterior, no permitiremos jamás que el Gobierno disponga de los restos de nuestro abuelo en la forma que tenga por conveniente, por lo que se se produjera una exhumación de los mismos en contra de nuestra voluntad, exigiremos que se nos haga entrega de los mismos para proceder a darles Cristiana sepultura como corresponde a la fe en la que vivió y murió nuestro abuelo, sin perjuicio de persistir en la defensa de los derechos que nos corresponden.
En Madrid, a 25 de agosto de 2018»
