Ha vuelto a insistir en que envió informes a responsables de la Junta advirtiendo de las irregularidades en la concesión de ayudas y pidiendo que se modificara para subsanarlas.
El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha ratificado este lunes en el juicio de la pieza política del caso ERE que en el Gobierno andaluz «no se atendieron la recomendaciones» de sus informes sobre deficiencias en el sistema de ayudas sociolaborales y «no tomaron medidas» pudiendo hacerlo.
Gómez afronta seis años de cárcel y treinta de inhabilitación en un juicio en el que se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un sistema con el que entre el 2001 y el 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas presuntamente de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el instructor que cerró la investigación.
En ella afirmó que sus informes ponían de manifiesto «una serie de circunstancias que eran lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas».
Un «ellos» que alude expresamente a «tres miembros del Gobierno» andaluz a los que se dirigieron esos informes: los consejeros de Empleo (primero José Antonio Viera y luego Antonio Fernández), Innovación (Francisco Vallejo) y Hacienda (José Antonio Griñán, antes de ser presidente en el 2009), todos ellos acusados en este juicio.
En la declaración que este lunes, ha ratificado que no faltó procedimiento de control sino que hubo una «desatención» a sus avisos, lo que a la salida del Supremo le llevó a decir que el Gobierno andaluz «miró para otro lado durante diez años» e hizo «oídos sordos».
