Las cifras que traslada el Gobierno para la regularización masiva de inmigrantes ilegales que prepara está muy lejos de la realidad. Según fuentes policiales con experiencia en materia migratoria, el impacto final podría multiplicarse con el paso del tiempo debido a los procesos posteriores de reagrupación familiar. En su análisis interno manejan una horquilla que oscilaría entre los dos y los tres millones de personas que, directa o indirectamente, podrían acabar beneficiándose.
El proyecto normativo, que se encuentra en fase de consulta pública y debe ser convalidado antes de que termine el mes, pretende regularizar a quienes acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025. El Ejecutivo cerró su negociación con Podemos pese a que sus apoyos parlamentarios no serían imprescindibles para sacar adelante la iniciativa. Los cálculos iniciales hablaban de medio millón de beneficiarios, aunque estimaciones de entidades privadas elevaron esa cifra hasta cerca de 840.000 personas.
Entre los especialistas policiales consultados por La Razón existe preocupación por el efecto acumulativo del proceso. No se trataría únicamente de padres e hijos, explican, sino de vínculos familiares más amplios que podrían acogerse posteriormente a la normativa vigente. A su juicio, es precisamente ese segundo paso —la llegada de allegados— el que dispara las previsiones finales muy por encima de las cifras oficiales.
En el ámbito político, la oposición ha advertido de un posible «efecto llamada». Sin embargo, las mismas fuentes policiales consideran que el requisito de demostrar presencia previa en territorio español limitaría ese impacto inmediato. Lo que sí ven problemático es el mensaje que puede transmitirse a quienes intentan alcanzar Europa o a las redes de tráfico de personas: la percepción de que, tarde o temprano, la situación administrativa terminará regularizándose.
Otro foco de inquietud se centra en la adaptación de los servicios públicos ante un eventual aumento rápido de población y en las implicaciones en materia de seguridad. Los profesionales que trabajan contra la inmigración ilegal y la trata señalan que el sistema podría verse tensionado si las previsiones más altas terminan materializándose.
El borrador del decreto establece que quienes tengan antecedentes penales no podrán acceder a la regularización. No obstante, mandos policiales advierten de una diferencia clave entre condenas firmes y registros policiales, ya que los procedimientos judiciales pueden prolongarse durante años. Esto, dicen, podría permitir que personas vinculadas a hurtos o al pequeño tráfico de drogas obtuvieran autorización si aún no existe sentencia.
Además, la norma plantea que los interesados presenten certificados emitidos por sus países de origen para acreditar la ausencia de antecedentes. Si esos documentos no llegan, bastaría con una declaración responsable del propio solicitante, un punto que ha despertado dudas jurídicas. Algunos expertos sostienen que esta fórmula podría chocar con la actual Ley de Extranjería, que exige acreditar la inexistencia de antecedentes tanto en España como en lugares de residencia previos.
Juristas consultados consideran que, si ese apartado legal no se modifica expresamente, el decreto podría ser impugnado ante el Tribunal Supremo con relativa facilidad solicitando su suspensión cautelar. A su entender, una simple declaración personal no cumpliría con los requisitos fijados por la normativa orgánica vigente.
La elaboración del texto también ha generado malestar dentro de los cuerpos policiales. Según las fuentes consultadas, la propuesta se habría redactado sin recabar informes de la Comisaría General de Extranjería. Esta ausencia de consultas técnicas ha provocado sorpresa y enfado entre quienes trabajan a diario en la gestión migratoria, especialmente después de que el acuerdo político se anunciara públicamente sin que los especialistas hubieran sido escuchados.
