La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha concluido con un volumen de solicitudes muy superior al previsto inicialmente por el Ejecutivo. Con el plazo de presentación ya cerrado, las peticiones registradas se sitúan entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de las aproximadamente 500.000 personas que el Gobierno estimó cuando aprobó la medida.
Las cifras coinciden con las previsiones que manejaba desde el principio la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. En un informe interno firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, los responsables policiales ya advertían de que la regularización podía alcanzar a 1.250.000 ciudadanos extranjeros, un 250% por encima de las previsiones oficiales.
El documento cuestionaba además la tramitación por la vía de urgencia elegida por el Gobierno. «No parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», señalaba el informe, al recordar que la iniciativa llevaba sobre la mesa cerca de dos años.
La Policía denuncia una «absoluta falta de transparencia»
Fuentes policiales consultadas por El Mundo critican con dureza la gestión del proceso y denuncian una «absoluta falta de transparencia». La principal preocupación radica en que el Gobierno no ha aclarado cómo se resolverán más de un millón de expedientes ni qué papel desempeñará finalmente la Policía Nacional en la comprobación de los requisitos exigidos a los solicitantes.
La Administración decidió que Correos y Tragsa asumieran buena parte de la tramitación de las solicitudes, una decisión que, según los mandos policiales, ha incrementado la incertidumbre entre los especialistas de Extranjería. Los agentes desconocen si todos los expedientes serán revisados posteriormente por las brigadas especializadas o si parte de ellos se validarán sin ese control previo.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras también advirtió desde el inicio de los posibles efectos de una regularización de estas dimensiones. Entre los riesgos señalados figuraban un efecto llamada para nuevos flujos de inmigración ilegal, problemas de seguridad ciudadana, tensiones de orden público y un aumento de la «desconfianza social» respecto a la gestión de las fronteras.
El informe alertaba igualmente de la posible saturación de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales ante un incremento repentino del número de beneficiarios. Incluso recogía la posibilidad de que algunos expedientes continuaran su tramitación aunque el solicitante aún no hubiera aportado el certificado de antecedentes penales de su país de origen, mientras la Administración intentaba obtener esa documentación.
Durante la tramitación, la Policía detectó numerosos intentos de acceder de forma fraudulenta al proceso. La Comisaría General emitió una alerta interna tras constatar un incremento del 866% en las denuncias por supuesta pérdida de pasaportes entre ciudadanos paquistaníes, una práctica que los investigadores vinculan con intentos de eludir la comprobación de antecedentes y facilitar la regularización.
El fenómeno también se detectó entre ciudadanos argelinos, con un incremento del 356,25%, marroquíes, con un 114%, y colombianos, con un 35%. Las investigaciones permitieron comprobar que en numerosos casos existían antecedentes penales o policiales, identidades alternativas o resoluciones administrativas en materia de Extranjería todavía vigentes.
Otro de los aspectos que más preocupa a los especialistas de Extranjería son las futuras reagrupaciones familiares. El informe policial sostiene que el número de beneficiarios podría aumentar de forma considerable, ya que por cada inmigrante regularizado podrían incorporarse posteriormente varios familiares mediante este procedimiento.
La Policía también advirtió de que la medida favorecería desplazamientos de ciudadanos extranjeros desde otros países de la Unión Europea hacia España con el objetivo de acogerse a la regularización. Según los agentes, tras el anuncio del Gobierno ya comenzaron a detectarse nuevas rutas desde Francia, Italia y el Reino Unido utilizadas por ciudadanos paquistaníes, afganos, indios, argelinos y marroquíes que buscaban legalizar su situación.
Los responsables policiales aseguran además que trasladaron en varias ocasiones su preocupación al Ministerio del Interior. Según explican, advirtieron de la dificultad de ejecutar una regularización de estas dimensiones sin instrucciones claras, recursos suficientes ni un procedimiento definido para afrontar la fase posterior al cierre del plazo de solicitudes.
