Tras las últimas revelaciones del exsecretario general del PP de Valencia, el foco de la corrupción se ha puesto sobre esta formación. Pero no es el único.
Ricardo Costa ha señalado directamente a Francisco Camps y Juan Cotino como cerebros de la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia. Sus palabras en sede judicial han adquirido una importante relevancia porque ya no es un empresario, un concejal o alguien que pasaba por ahí quién reconoce la ‘caja b’ del PP. Se trata, nada más y nada menos, que del exsecretario general de la formación en la región mediterránea.
Ha dicho Costa que el expresidente era quien ordenaba directamente la contratación con las empresas de la Gürtel, y la persona encargada de manejar la financiación irregular. Incluso ha resucitado los famosos trajes que le costaron el puesto a Camps.
El expresidente, por su parte, ha negado todas las acusaciones y ha confesado sentirse ‘enfadado’ tras las revelaciones. Costa jamás había señalado a Camps. Es más, en fase de instrucción había descartado que tuviese conocimiento alguno de la trama.
Las culpas al ‘prescrito’
Camps ha explicado a Efe que tan sólo hace unos días ambos estuvieron compartiendo cena con otros miembros del partido y que Costa no le dijo nada: «Había unos diez testigos, estuvimos tres o cuatro horas hablando del partido y de la Comunitat. Le dimos apoyo. Ninguno de los comensales podía imaginar las declaraciones de hoy«, ha indicado.
Costa recobró la memoria después del pacto con la Fiscalía de los otros encausados en la Gürtel. Absolutamente todos ellos en fase de instrucción rechazaron la implicación de Camps en la trama de financiación ilegal. Todos descargan ahora la responsabilidad sobre el expresidente. Posiblemente juegue en este aspecto el hecho de que, en caso de haber delito, ya ha prescrito, por lo que la Justicia ya no puede perseguirlo.
Cuenta El Mundo la traición del PP a Ricardo Costa. El partido le endosó la responsabilidad de la campaña autonómica de 2007, entregando a la Justicia varios informes en los que constaba como secretario general de la formación. Sin embargo, Costa no accedió a dicho puesto hasta unos meses después. Ese cargo le correspondía a la ahora senadora Adela Pedrosa.
Así deja el PP caer a los suyos
Es de sobra conocido que si a Rajoy no le interesas, el partido te deja caer. Le ocurrió a Costa, a Bárcenas, a Crespo, a Barberá y, en parte, a Francisco Camps. En estos dos últimos casos existe un problema: Rajoy es presidente gracias a ellos y el apoyo de sus fieles.
Y mientras el PP deja caer a sus integrantes, el resto de partidos suele apoyar a sus dirigentes salpicados por la corrupción. Porque la corrupción no sólo afecta al charrán azul -no, el logo del PP no es una gaviota-. Las grandes -sobre todo viejas- formaciones están enfangadas en mayor o menor medida por esta lacra que nos cuesta a los españoles cerca de 87.000 millones de euros al año.
Hace una semana veíamos la condena a Convergencia por el saqueo del Palau. La Audiencia de Barcelona sentenció a cuatro años y cinco meses de cárcel al exresponsable de las arcas de CDC Daniel Osàcar por los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que la formación cobró, a través del expoliado Palau de la Música, a cambio de asegurar a Ferrovial un “flujo constante” de obra pública.
Al conocerse la sentencia, Artur Mas se quemó por su extesorero y mantuvo su defensa hacia él. Lo mismo que hicieron desde el PSOE de Andalucía con los expresidentes Chaves y Griñán. Les pidieron apartarse cuando Ciudadanos puso como condición su salida para aupar a Susana Díaz a la presidencia, pero no hay día en el que la andaluza no defienda la honorabilidad de sus padrinos políticos.
Hablemos de corrupción, hablemos de las cifras
Si bien Pasqual Maragall situaba en el 3% las comisiones que se embolsaba Convergencia, la Audiencia cree probado que las cuentas del Palau de la Música sirvieron de “puente” para que la constructora Ferrovial pagara comisiones ilegales de hasta el 4 %. De ahí que los magistrados hayan ordenado el decomiso de los 6,6 millones de euros robados por el partido de Pujol.
Los 1.200 millones de los ERE
El considerado como uno de los casos de corrupción más voluminosos en cuanto a dinero defraudado de toda España afecta al Partido Socialista. Además de los expresidentes, entre los imputados hay exconsejeros de la Junta y hasta una exministra, Magdalena Álvarez.
Es muy complicado cifrar exactamente la cantidad de dinero hurtada al erario público andaluz. En 2016 la Fiscalía Anticorrupción fijaba en 741 millones el dinero saqueado, algo menos de los cerca de 800 millones que estima el PP. Más modesta es la Junta de Andalucía, que sitúa el fraude (tanto del caso de los ERE como el de cursos de formación) en 284,3 millones. Es la cantidad cuya devolución exigió formalmente la Consejería de Hacienda. Por el momento solo ha recuperado 16,5 millones, lo que supone algo menos del 4%.
Entre la pieza principal y las separadas del caso de los ERE se estima que el saqueo alcanzaría los 1.200 millones, tal y como publicaba hace unos meses El Español. Entre los beneficiados: empresarios, políticos, sindicatos…
El caso de Miguel
El PNV también tiene lo suyo. El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, puso de manifiesto hace unos días que la presunta trama delictiva liderada por el exdirigente del partido nacionalista Alfredo de Miguel reclamaba comisiones ilegales desde correos electrónicos oficiales y contaba con el amparo de «todo el establishment».
Hay un total de 26 imputados por este caso y se estima que las comisiones ilegales solicitadas por los cabecillas se situaban en torno al 4 %.
Los casos del PP
Si el PSOE gana en cuanto a cifras, el Partido Popular se lleva la palma en número de casos de corrupción.
Resulta también complicado ofrecer una cifra exacta de todo lo defraudado en el marco de la Gürtel. El diario El Plural situó en 2016 la cantidad alrededor de 863 millones en base “las responsabilidades pecuniarias fijadas en los 10 autos de apertura para su celebración”.
La Púnica también ha centrado la actualidad en los últimos días con la declaración como imputada ante el Supremo de la senadora popular Pilar Barreiro. La murciana ha negado haber desviado dinero del Ayuntamiento de Cartagena y de la Región de Murcia para sus campañas personales de imagen.
La Sexta hablaba en 2015 de 500 millones defraudados en la causa que acabó con la presidencia de Pedro Antonio Sánchez y llevó a Francisco Granados a prisión.
Y por último está Lezo. El caso que llevó a prisión al expresidente madrileño Ignacio González y terminó con la imputación de Gallardón, ya amenaza el futuro político de Cristina Cifuentes. En el auto de prisión redactado por Eloy Velasco contra la cúpula directiva del Canal Isabel II se fijaba la cantidad desviada a paraísos fiscales en 23,5 millones de euros.
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