La Dirección General de la Guardia Civil ha dado orden para que agentes del Cuerpo -unos 240- permanezcan un mes en Cataluña, a pesar de que el día 11 de septiembre tenían que incorporarse a nuevos destinos en otros territorios del país.
Según han indicado fuentes de la Dirección General, la permanencia en Cataluña un mes más está motivada por las «circunstancias» de la comunidad, aunque no han especificado cuáles, ni si se trata del referéndum separatista convocado para el día 1 de octubre o por los recientes ataques islamistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona).
Dos asociaciones han señalado que se trata de una comisión de servicio «forzosa no indemnizable» para que agentes que el día 11 tenían que dejar su puesto en Cataluña e incorporarse a un nuevo destino permanezcan en esta comunidad hasta el 10 de octubre.
Tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han denunciado esta situación que, según ellas, supone un «abuso», además de asegurar que la decisión se ha comunicado con pocos días de antelación.
Ambas coinciden en que la orden ha llegado con cinco días de antelación a todos los agentes que ya habían obtenido otro destino en otra parte del territorio.
Según la orden, fechada este martes y remitida por correo electrónico, el periodo de incorporación a los destinos fuera de Cataluña que habían obtenido «comenzará el próximo 11 de octubre de 2017».
El correo electrónico no especifica los motivos de la orden, pero las asociaciones apuntan al eventual referéndum convocado en Cataluña para el 1 de octubre, ya que la orden sólo afecta a agentes que estaban destinados en esta comunidad.
Y si fuera ese el motivo, tanto la AUGC como la AEGC no entienden cómo se ha tomado la decisión con tan poco tiempo de antelación, cuando se sabía desde hace meses la fecha de la consulta ilegal.
Ambas consideran que se trata de una falta de respeto hacia los guardias porque, además, se trata de una comisión de servicio forzosa «no indemnizable», o sea, «gratis».
Buena parte de los afectados, añaden las asociaciones, ya habían avisado a los propietarios de las viviendas de alquiler que dejaban las casas e, incluso, otros habían aprovechado las vacaciones de agosto para vaciar los pisos y no tener que pagar el mes de septiembre.
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