VOX ha cerrado el acuerdo más duro contra la inmigración ilegal que se recuerda en cualquier región española, tras sellar un pacto de gobierno con el PP en Extremadura que introduce un amplio paquete de medidas restrictivas en materia migratoria.
El documento firmado recoge un endurecimiento sin precedentes en la gestión de la inmigración ilegal dentro de las competencias autonómicas. Entre los puntos más destacados figura la exclusión de los inmigrantes en situación ilegal de las ayudas y prestaciones sociales, una medida que busca limitar el acceso a recursos públicos a quienes no se encuentren en situación administrativa regular.
Otro de los ejes centrales del acuerdo es el compromiso de impulsar la devolución de menores extranjeros no acompañados (menas) a sus familias en sus países de origen siempre que sea viable, así como promover convenios internacionales que faciliten estas repatriaciones. En paralelo, la Junta de Extremadura se posicionará en contra de cualquier sistema de reparto de inmigrantes impulsado desde el Gobierno central.
El pacto también contempla frenar la expansión de la red de acogida. No se abrirán nuevos centros para inmigrantes ilegales ni se ampliarán las plazas de los existentes, marcando una línea clara de contención frente al incremento de llegadas.
En el ámbito económico, se establecerá un control exhaustivo del gasto vinculado a la inmigración ilegal mediante auditorías anuales, con el objetivo de reducirlo al mínimo imprescindible dentro del marco legal. Además, se habilitarán partidas específicas para realizar pruebas de determinación de edad a los menores, con el fin de detectar posibles fraudes y evitar la sobrecarga de los servicios sociales.
El acuerdo incluye también un giro en la relación con las ONG. Se eliminarán subvenciones y convenios con aquellas oenegés que, según el texto, puedan favorecer o facilitar la inmigración ilegal o colaborar indirectamente con redes de tráfico de personas, tratando de evitar el denominado “efecto llamada”.
En el plano cultural y educativo, se suprimirá de forma inmediata la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros educativos, una decisión que busca, según el pacto, reforzar la cohesión social y redefinir las prioridades del sistema educativo.
Asimismo, la Junta impulsará la prohibición del uso del burka, el nicab u otras prendas que oculten completamente el rostro en espacios públicos, al considerarse incompatibles con la seguridad y la convivencia.
Otra de las iniciativas recogidas pasa por exigir al Gobierno central cambios legales para impedir empadronamientos fraudulentos, un mecanismo que, según VOX, facilita el acceso irregular a determinados servicios.
Estas medidas forman parte del núcleo de exigencias planteadas por el partido de Santiago Abascal en la negociación y representan uno de los bloques más relevantes del acuerdo alcanzado, consolidando un enfoque más restrictivo en materia migratoria en la región.
